Son dos jóvenes que habrían puesto a disposición el auto con el que los homicidas llegaron al lugar y luego huyeron. Los fiscales no descartan que alguno pudo haber entrado al domicilio donde murió el ex concejal
La Justicia imputó este miércoles a dos jóvenes que habrían participado en el crimen del ex concejal y pastor rosarino Eduardo Trasante, ocurrido en su vivienda de San Nicolás al 3600 hace exactamente una semana. El lunes había sido imputada una tercera persona vinculada al hecho.
Según informaron los fiscales Matías Edery y Gastón Ávila, se trata de dos jóvenes que pusieron a disposición el vehículo con el que se movilizaron los autores del homicidio. No descartan que alguno de ellos pudo haber también ingresado a la casa de Trasante.
“El juez (Hernán Postma) dispuso la prisión preventiva de dos personas que entendemos tuvieron una participación importante en el hecho. Pusieron a disposición de un plan criminal el vehículo con el que se cometió. No descartamos que hayan tenido otra participación, pero hasta ahora podemos asegurar eso. Sabemos con certeza que dispusieron ese vehículo y que sabían para que lo disponían. Lo compraron ilegalmente a personas que lo habían robado”, expresaron los funcionarios judiciales a la prensa tras la audiencia, desarrollada en el Centro de Justicia Penal.
El vehículo en cuestión es un Peugeot 308 blanco, secuestrado días después del homicidio en Barcalá al 4600. Los imputados, Aníbal Maximiliano G. (19) y Brian Nahuel A. (21), se lo habrían comprado a las personas que lo robaron durante una entradera y utilizado el pasado martes para trasladar a quienes asesinaron a Trasante.
Si bien los fiscales los acusaron por conducir el auto hasta el lugar y fuera del mismo tras el crimen, afirmaron que “hay medidas pendientes y en curso” y que no descartan “que uno o ambos podrían ser los autores materiales del hecho”.
Por otra parte, Edery y Ávila dijeron que se están analizando varias líneas de investigación, que no pueden ser adelantadas a los medios para no entorpecer el desarrollo de las mismas. Sin embargo, aseguraron que creen estarse acercando “hacia quien sea la persona que dio la orden para llevar a cabo el crimen”. “Es una empresa criminal mucho más grande que las dos personas que están acá en audiencia”, añadieron.
“La investigación recién comienza. Este plan se tramó entre más personas. Tenemos datos ciertos que la orden habría venido desde adentro de la cárcel de Piñero. En el pabellón de donde salió la orden hay jefes narcos, pero también hay otras personas”, ahondaron.
Cabe recordar, que Trasante realizaba tareas pastorales en dicho penal. Los investigadores comentaron que el pastor fue por última vez a fines del año pasado. “Él dejó de realizar tareas pastorales en Piñero en noviembre de 2019. Estamos analizando por qué dejó de ir. Son todas cuestiones que estamos investigando”, detallaron.
El celular
La querella de la familia de Trasante, representada por la abogada Gabriela Durruty, hizo alusión durante la audiencia a una situación particular en relación a la pérdida del celular de Carolina, la esposa del fallecido, y cómo figura en las actas policiales.
“El teléfono de la señora de Trasante no apareció desde el inicio, desde que llegamos. La querella se basa en que hay un acta de procedimiento que dice que se habría secuestrado el celular de ella y de Eduardo. En realidad, lo que hubo fue una orden de los fiscales de que se secuestren. En ese momento, la mujer en shock empieza a buscarlo y encuentra solamente el de Eduardo”, aclararon los fiscales.
Al mismo tiempo, afirmaron con la certeza de haber estado en el lugar del hecho que “la policía no lo secuestró”. “La desaparición del teléfono tiene dos explicaciones: o bien se lo llevaron los autores del hecho o una de las personas que entró a auxiliar a la viuda del señor Trasante”.
Sin embargo, los fiscales agregaron que se realizaron “medidas respecto al teléfono celular porque tuvo un último impacto en un domicilio, donde se realizó un allanamiento y no se halló”.