El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eliminó este jueves la obligación de la era de su antecesor, Barack Obama, de informar el número de víctimas civiles en los ataques con drones (aviones no tripulados) contra objetivos «terroristas» en zonas donde se pelea formalmente una guerra.
Un vocero del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense informó que la decisión de Trump busca eliminar «requisitos de informes superfluos que no mejoran la transparencia del gobierno sino que distraen a los profesionales de nuestra inteligencia de su misión principal», según la agencia de noticias ANSA.
Por decreto y tras ser duramente criticado por mantener muchos de los programas secretos de seguridad y militares de la llamada guerra contra el terrorismo iniciada por George Bush, Obama había firmado un decreto en el que obligaba a las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia a informar el número de los civiles muertos en ataques con drones contra objetivos «terroristas».
Los informes debían incluir tanto las víctimas civiles -definidos siempre por la Casa Blanca como «daño colateral»- de ataques en zonas en guerras como en lugares no considerados en conflicto, por ejemplo, en la zona fronteriza paquistaní lindante con Afganistán o en Somalía.
Según explicó hoy el vocero del Consejo de Seguridad Nacional, el decreto de Trump solo elimina la obligación de reportar sobre víctimas civiles en ataques en zonas no consideradas en guerra.
La Oficina de Periodismo de Investigación, una ONG con sede en Londres, calculó que en los primeros dos años del gobierno de Trump, Estados Unidos lanzó 2.243 ataques con aviones no tripulados, una cifra muy superior a los 1.878 ordenados durante los ocho años de la Presidencia de Obama.
Ya hacia el final de su gobierno, Obama informó que, durante sus dos mandatos, Estados Unidos mató a 64 civiles no combatientes en ataques con drones y reconoció que aún no pudieron definir el «status» de otras 52 víctimas fatales. La Unión de Libertades Civiles Estadounidense (ACLU, por sus siglas en inglés), la principal organización defensores de derechos civiles y humanos del país, fue una de las primeras en repudiar la decisión presidencial.
«El presidente Trump ya debilitó las reglas que buscan limitar las muertes de civiles causadas por este programa de uso ilegal e inmoral de la fuerza, que mata a sospechosos en lugares en los que no estamos en guerra. Este decreto esconde aún más estos asesinatos con un manto de secretismo», denunció el director del Proyecto de Seguridad Nacional de ACLU, Hina Shamsi, en un comunicado difundido a los medios.