El ex funcionario del macrismo recordó que en diciembre de 2015 hubo cortes de ruta en Santa Cruz por casi 2.000 trabajadores de las empresas de Báez despedidos y que se dijo que se debía a la falta de pago de las obras públicas
El ex titular de Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri y actual intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, ratificó hoy sus denuncias contra las empresas del detenido empresario Lázaro Báez, sostuvo que se le pagaba por adelantado y que la mitad de las obras iniciadas con contratos desde el 2006 no estaban terminadas cuando se hizo una auditoría en el 2016.
Iguacel se presentó como testigo en el juicio por supuesto direccionamiento y sobreprecios de obra pública vial en Santa Cruz, una causa que se inició por una denuncia suya en abril de 2016, como titular de Vialidad en el gobierno de Cambiemos.
«No sólo no se le debía, sino que se le había pagado por adelantado», sostuvo ante el Tribunal Oral Federal 2 sobre el estado de «Austral Construcciones», la firma de Báez, a diciembre de 2015.
Iguacel comenzó a declarar a las 9.30 y pasó toda la mañana respondiendo preguntas de la fiscalía a cargo de Diego Luciani, en el juicio que se hace de manera semipresencial en los tribunales federales de Retiro y que tiene entre sus acusados a la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El ex funcionario del macrismo recordó que en diciembre de 2015 hubo cortes de ruta en Santa Cruz por casi 2.000 trabajadores de las empresas de Báez despedidos y que se dijo que se debía a la falta de pago de las obras públicas.
Iguacel negó falta de pago y sostuvo que no hubo «motivo para el abandono que habían tenido las obras», para luego dar argumentos de por qué en muchas de ellas se rescindieron los contratos «con causa»
«Se aparentaba un modus operandi que era hacerse de los contratos, cobrar anticipos enormes, certificar trabajos no hechos y cobrar un dineral al inicio de la obra para después dejarla abandonada o avanzar un poquito», dijo a los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Sebastián Basso
Las empresas de Báez no tenían «capacidad» para licitar y ganar la cantidad de obra pública vial que se le adjudicaba, agregó.
«Sólo podía haber hecho una obra y sin embargo le seguían dando. El podía seguir contratando sin terminarlas y cobrando adelantos monstruosos de dinero», sostuvo.
En base a una auditoría que encargó Iguacel afirmó que «el 50 por ciento de las obras en cantidad no se habían terminado y como volumen era el 75 por ciento con contratos que venían del 2006, 2008, habían pasado 8, 9 años y las obras no estaban terminadas».
«En un sólo año, Austral recibió contratos por más de mil millones de dólares sin tener certificado de capacidad que lo habilitara», agregó.
Iguacel recordó que una contadora del organismo le dijo en ese momento que «había órdenes de la superioridad» y mencionó a uno de los juzgados, el ex secretario de Obra Pública José López, quien habría dado las instrucciones para pagar antes de los 60 días certificados de obra de empresas de Báez.
Iguacel seguía su declaración como testigo, para lo cual concurrió a los tribunales de Comodoro Py 2002 y luego de la fiscalía preguntarán las querellas y las defensas de los acusados.
En este juicio se debate el presunto direccionamiento de obra pública nacional en Santa Cruz a favor de Austral Construcciones y están acusados entre otros la actual Vicepresidenta de la Nación, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obra Pública José López y Lázaro Báez.