La ONG explicó que verificó "más de una docena de publicaciones en redes sociales y videos" del 8M y destacó que algunos de ellos "muestran a la Policía utilizando gases lacrimógenos y gas pimienta contra las manifestantes
La ONG defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) instó en las últimas horas al Gobierno de Ecuador a investigar los abusos policiales cometidos durante las manifestaciones «pacíficas» del 8M, celebradas en el país en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en las que denunció hubo un «uso excesivo de la fuerza» por parte de los agentes.
«Esto incluyó golpear a una periodista con una porra y uso indiscriminado de gases lacrimógenos y gas pimienta», precisó HRW en un comunicado, publicado anoche por el diario El Comercio.
La ONG, con sede en Nueva York, realizó un informe en el que entrevistó a testigos y corroboró múltiples videos sobre las protestas realizadas el pasado 8 de marzo en Quito, Guayaquil, Cuenca y otras ciudades.
Ese día cientos de mujeres salieron a las calles del país para reclamar a las autoridades que protejan y garanticen sus derechos, además de generar consciencia sobre la violencia de género en Ecuador, donde hubo 28 femicidios en lo que va del 2022, en base a los datos de Fundación Aldea.
Las manifestantes también pidieron al presidente, el conservador Guillermo Lasso, aprobar una ley sancionada por el Parlamento a mediados de febrero, que garantizaría el acceso al aborto para las víctimas de violación.
Sin embargo, Lasso decidió el pasado martes vetar parcialmente esa ley y la devolvió al Congreso, que tiene ahora 30 días para considerar sus propuestas de enmienda.
«El veto presidencial socava el trabajo realizado por el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, y el voto de la mayoría de la Asamblea Nacional para permitir a las mujeres y niñas ecuatorianas recuperar sus propias vidas tras el trauma de la agresión sexual», denunció en la nota HRW, que solicitó a los legisladores mantener su compromiso de proteger a las mujeres y niñas manteniendo el texto actual sin cambios.
«El presidente Lasso dijo el 8 de marzo que su gobierno estaba trabajando para garantizar el bienestar de las mujeres y una sociedad más justa e igualitaria. Debería empezar por garantizar la rendición de cuentas por los abusos policiales durante las marchas del Día Internacional de la Mujer», dijo, por su parte, la directora interina para las Américas de HRW, Tamara Taraciuk Broner.
La ONG explicó que verificó «más de una docena de publicaciones en redes sociales y videos» del 8M y destacó que algunos de ellos «muestran a la Policía utilizando gases lacrimógenos y gas pimienta contra las manifestantes o a las manifestantes reaccionando a su uso».
«Otros muestran a la policía utilizando líquido a presión para dispersar a los manifestantes», agregó.
En ese contexto, la periodista del medio digital Wambra, Viviana Erazo, estaba cubriendo la protesta en la capital cuando, según afirmó la organización, un policía la acorraló y la golpeó con una porra.
Erazo confirmó dicha información a HRW y añadió que fue también rociada con gas pimienta cuando intentó alejarse.
«Estas denuncias coinciden con un vídeo publicado en Instagram en el que Erazo está de pie en una esquina grabando la marcha con su teléfono, cuando un agente de policía la golpea en la espalda con una porra. Segundos después, parece reaccionar ante el gas pimienta, cuyo sonido se puede escuchar en la publicación en los medios de comunicación», precisó HRW.
También la organización denunció que una mujer publicó en Twitter que los agentes habían golpeado y utilizado gas pimienta contra ella y su hija de 23 años, mientras que otro video grabado en Quito «muestra a la Policía disparando líquido presurizado a los manifestantes que se encontraban a pocos metros de ellos».
También se registraron incidentes en Guayaquil, donde la activista Valeska Chiriboga aseguró a HRW que la Policía «utilizó gas contra los manifestantes y más de 40 mujeres que habían participado tenían síntomas como vómitos, picazón y ardor en los ojos».
«En ambas ciudades, la razón por la que la policía restringió las marchas no estaba inmediatamente clara», destacó la ONG, que señaló que el «uso excesivo e indiscriminado de la fuerza» no es nuevo en Ecuador y pidió a las autoridades crear una ley que regule «el uso legal, proporcional, adecuado y necesario de la fuerza, basada en los estándares internacionales de Derechos Humanos».
La secretaria de derechos humanos, Bernarda Ordóñez, fue la única autoridad del país que manifestó su solidaridad con las mujeres, denunció los incidentes e instó a que fueran investigados.