La Unidad de Información Financiera (UIF) le pidió a la Justicia que envíe a juicio oral y público a la expresidenta Cristina Kirchner y sus hijos, Florencia y Máximo, por presunto lavado de dinero en el caso Hotesur por el alquiler de sus hoteles.
Lo hizo ante el juez federal Julián Ercolini quien tiene que decidir si eleva a juicio el caso y mientras evalúa el pedido de todas las partes, en el caso de la UIF querellante en el caso por el cual la expresidenta está procesada por lavado de dinero. Ahora, se correrá vista a la Oficina Anticorrupción, también querellante en el caso, previo a definir si eleva a juicio el expediente.
El pedido de juicio ya fue formulado por los fiscales del caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, y abarca además al empresario Lázaro Báez.
Ante el juez federal Julián Ercolini, los fiscales presentaron el pedido para que la causa en la que se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero mediante el alquiler de habitaciones: ahora es Ercolini el que debe definir el pedido que alcanza a 18 imputados, entre ellos a Romina Mercado, la hija de Alicia Kirchner; al empresario inmobiliario Osvaldo Sanfelice; al contador Víctor Manzanares; a Adrián Berni, César Andrés, Ricardo Albornos, Edith Gelves, Patricio Arandia, Emilio Martín, Jorge Bringas, Julio Mendoza, Martín Jacobs, Alejandro Ruiz y Oscar Leiva.
La causa es por la maniobra de lavado de dinero de 80 millones de pesos a través del alquiler de plazas hoteleras a las empresas de Lázaro Báez, quien se encuentra detenido y actualmente es juzgado en la causa conocida como la «ruta del dinero K».
«Los planes criminales llevados adelante por esta organización criminal no se agotaban en el sistema de beneficios y prebendas a favor de los empresarios amigos, que de esta forma se enriquecían gracias a los vínculos trazados», sostuvieron los fiscales.