La jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, dio hoy por «muerto» el polémico proyecto de ley de extradición a China y dejó entrever que el Legislativo no va a seguir con su tramitación, pero los opositores consideraron que el anuncio no cumple con sus demandas y exigieron la retirada completa del plan.
«Doy por muerto el proyecto de ley de extradición», sentenció Lam en conferencia de prensa, en un nuevo retroceso en su discurso, aunque no dejó claro si dicha reforma legislativa se retira o no de forma efectiva, consignó la agencia de noticias EFE.
Anteriormente, Lam había dejado la ley «en suspenso», dando a entender que el proyecto perecería por sí solo al término de la actual legislatura, que finalizará a mediados de 2020.
Además, anunció la creación de un comité de investigación independiente para fiscalizar la actuación de la Policía durante las protestas que han sacudido la ciudad durante el último mes, con el objetivo de calmar los ánimos de los manifestantes.
Asimismo, aseguró que establecerá una «plataforma para el diálogo» con los opositores a la ley y reconoció que los trabajos para sacar adelante la polémica normativa han sido «un completo fracaso».
Lam asumió «plena responsabilidad» por la crisis pero no atendió a otra de las principales demandas de los manifestantes estos días, su renuncia, y pidió «una oportunidad, el tiempo y el espacio» para devolver Hong Kong a la normalidad.
No obstante, el Frente Civil de Derechos Humanos -principal promotor de las protestas de las últimas semanas- consideró hoy que las palabras de Lam están vacías y que «no significan nada nuevo», y destacó «su rechazo a decir que retira la iniciativa».
Entretanto, el gobierno chino se mostró hoy impasible ante el cruce de declaraciones y se limitó a reiterar su «apoyo», «entendimiento», y «respeto» al Ejecutivo de Lam y sus decisiones.
En la rueda de prensa diaria, el vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores, Geng Shuang, insistió en que los asuntos de Hong Kong son «de índole interno» y que «ninguna organización, fuerza extranjera o individuo tiene permitido injerir en ellos».
El proyecto de ley que planteó se ha encontrado con la oposición de diversos sectores de la sociedad al considerar que Hong Kong perdería su independencia judicial y que, según organizaciones pro derechos humanos, permitiría que activistas, trabajadores de ONGs o periodistas fueran entregados al sistema judicial chino, que no ofrece suficientes garantías.