Opinión

Hacia un mundo del trabajo sin violencia ni acoso


Por Javier Cicciaro, oficial de proyecto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la Iniciativa Spotlight.

Tres de cada diez personas que trabajan en la Argentina sufren de violencia y el acoso. Este dato, obtenido de la encuesta nacional sobre condiciones de empleo, trabajo y salud, es el más reciente y el único disponible a la fecha.

Esa cifra representa comportamientos y prácticas inaceptables únicas o repetidas, o la amenaza de cometerlas, que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico. Y que incluyen, además, a la violencia y el acoso por razón de género.

Esa definición es la ofrecida por el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, aprobado en 2019 junto a la Recomendación 206. La Argentina es uno de los siete países del mundo que ya ratificó formalmente ese convenio, que junto a la recomendación asociada constituyen las primeras normas internacionales específicas sobre el tema y en reconocer el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso.

La ratificación es un paso fundamental y ciertamente de gran importancia. No obstante, no alcanzará para erradicar estos comportamientos y, en ese sentido, representa el comienzo de un nuevo camino marcado por desafíos que deberán sortearse para lograr su adecuada implementación.

La Argentina ya logró dar pasos interesantes para traducir este compromiso en políticas públicas. Uno entre muchos: a finales de 2020, la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación, entre otros ministerios nacionales, lanzaron un Plan de Acción y una Mesa Interministerial para la aplicación del Convenio 190.

Entre diversas medidas con un abordaje federal, ese plan implica la elaboración de un anteproyecto de ley para la aplicación de la norma, una serie de consultas con sindicatos y empleadores y, a su vez, promueve espacios de debate con actores del mundo laboral. Asimismo, el plan incluye un programa de capacitación para empresas y sindicatos (Qualitas 190).

Del mismo modo, debe destacarse la puesta en marcha de una Red Territorial contra la Violencia Laboral, integrada por referentes de todas las provincias, en reconocimiento al trabajo de muchas jurisdicciones (Salta, Córdoba, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, por mencionar algunas) respecto a la elaboración de leyes, protocolos y programas, para prevenir y abordar situaciones de violencia y acoso en el mundo del trabajo.

Por otra parte, el Plan Nacional contra las Violencias por Motivos de Género 2020-22, elaborado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, también incorpora medidas para cumplir con el Convenio de la OIT y su Recomendación. Las mujeres sufren en mayor medida este tipo de situaciones y, por tanto, el enfoque de género es central.

Desde 2019, la OIT Argentina, junto a la Iniciativa Spotlight, acompaña estos esfuerzos gubernamentales, sumados al profundo compromiso del sector sindical. Como parte de esta cooperación, se destacan acciones de formación en temas de género y prevención de la violencia con sindicatos y empleadores, así como estudios que aportan evidencias para afrontar los desafíos de implementación del Convenio 190, con respuestas sensibles a las particularidades sectoriales.

Los desafíos están a la vista. La adaptación normativa en primer lugar, pero también deben contemplarse el fortalecimiento institucional de las áreas de atención y orientación; la generación de estadísticas periódicas y representativas; el acompañamiento a procesos de formación de los actores del mundo laboral; el desarrollo de estrategias sectoriales y con atención a la informalidad; y la desnaturalización del fenómeno de la violencia y el acoso mediante acciones de sensibilización.

Para desarrollar una implementación sostenible del Convenio 190 en la Argentina será, sin dudas, el marco ineludible será el diálogo social tripartito. Así, la OIT avanzará junto a los representantes del gobierno, las empresas y los sindicatos hacia un mundo del trabajo sin violencia ni acoso en la Argentina.