Serán corridas un mes debido a la situación de alerta sanitaria por la pandemia de Covid-19.
El proyecto para postergar las elecciones fue gestado a partir de un acuerdo general del oficialismo, en el que trabajaron varios funcionarios y referentes legislativos del Frente de Todos con la conducción de Juntos por el Cambio. Una de las condiciones que hizo posible el consenso entre las partes fue la incorporación de una cláusula, pedida por la oposición, en la que se establece que este año no podrá volver a modificarse el calendario electoral.
La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, propone trasladar las PASO del 8 de agosto al 12 de septiembre y las legislativas del 24 de octubre al 14 de noviembre, en el marco de la renovación legislativa de medio término.
Entre otras cuestiones, la iniciativa contempla, además del aplazamiento de las fechas, reducir de 50 a 45 días previos a la elección general el plazo para que las juntas partidarias proclamen sus candidatos; al tiempo que pospone 5 días el inicio de la campaña electoral de las elecciones generales para que coincida con la proclamación.
En ese sentido, el texto destaca que «el aplazamiento de la celebración de los comicios a meses con temperaturas más elevadas permitirá optimizar la ventilación de los locales de votación y la implementación de los protocolos sanitarios».
A su vez, durante ese lapso de tiempo adicional, «se continuará avanzando con la masiva campaña de vacunación que lleva adelante el Estado Nacional junto a las 24 jurisdicciones, coadyuvando a un mejor cuidado de la mayor cantidad posible de argentinos y argentinas que deben cumplir con su deber cívico», añade el proyecto.
La iniciativa requiere del respaldo de la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara, 129 diputados y 37 en el Senado, por tratarse de una cuestión electoral.
Además, en la sesión especial impulsada por el oficialismo para mañana se buscará convertir en ley el Consenso Fiscal firmado entre el presidente Alberto Fernández y los mandatarios provinciales, informaron fuentes parlamentarias.
El nuevo acuerdo fiscal permitirá a las provincias contar con unos $70.000 millones para reactivar sus economías regionales, luego de un año atravesado por la crisis generada por la pandemia.
En la convocatoria a sesión se incluyó además una iniciativa sobre el Impuesto a las Ganancias para las sociedades, que reduce del 30% al 25% la alícuota que pagan las pequeñas y medianas empresas, y aumenta al 35% la tasa para los grandes compañías, con la intención de instrumentar un sistema progresivo.
Otro tema incluido en la sesión es un proyecto de suspensión de dos causales de caducidad de los partidos políticos que no pudieron cumplir con los requisitos legales a causa de la pandemia, de modo tal que todos puedan participar en el proceso electoral de 2021, que ya tiene sanción del Senado.
Se trata de una iniciativa que suspende las causales de caducidad por no haber podido celebrar elecciones internas de renovación de autoridades, o bien por no contar con el número mínimo de afiliaciones.