Por Diego Carballido
Luego de disponerse la detención de ocho uniformados perteneciente a la Policía de Acción Táctica (PAT) y al Comando Radioeléctrico, por participar en la violenta detención de siete amigos que estaban reunidos pacíficamente en las Cuatro Plazas, en pleno barrio Belgrano, el fin de semana pasado, Con La Gente dialogó con la Doctora Julia Giordano, abogada de Apdh, encargada de seguir el caso.
— ¿Cuál fue la primera impresión al encontrarte con los detenidos?
— Me encontré con los chicos en estado de shock por lo sucedido, estaban recién salidos de la comisaría 14º, temerosos pero con una intención firme de denunciar porque tenían una profunda indignación. Todavía no podían creer la cantidad de horas que habían sufrido una detención ilegal y los abusos recibidos.
— ¿Qué hicieron entonces?
— Automáticamente nos comunicamos por teléfono con el fiscal Dalmau que estaba interviniendo en la causa. Quien, a pesar de haber hablado con la defensora oficial, no comprendía la gravedad del caso. Porque, por ejemplo, no había indicado que se hicieran las constataciones médicas legales por el instituto correspondiente, y en su lugar las había hecho el médico de asuntos internos en la misma comisaría. Si bien tiene la potestad para hacerlo, no deja de ser la policía que investiga a la policía, como mínimo no es una buena idea. En ese momento, los chicos no se sintieron bien, sus familiares tampoco y hubo un conflicto. Terminaron yendo de la comisaría al Distrito Noroeste, y ahí pedí al fiscal que librara oficio para que los viera el médico legal del poder judicial de manera urgente, a lo cual no accedió fácilmente. Finalmente, ordenó que al día siguiente, el sábado 24 a las diez de la mañana, cinco de las siete personas víctimas de violencia se presentaran para hacer las constataciones correspondientes.
Nunca imaginaron, este grupo de siete amigos, que una salida de viernes por la noche terminaría con algunos de ellos golpeados, amenazados e incomunicados en una comisaría. La peor parte se la llevó uno de ellos, ya que los golpes le desfiguraron el rostro, con un cuchillo le cortaron las rastas que tenía hasta la cintura y fue herido en una pantorrilla con una munición antitumulto.
— ¿Se observan en reiteradas ocasiones este accionar de parte de las fuerzas de seguridad?
— Lamentablemente se viene profundizando cada vez más este tipo de prácticas de parte de la policía en relación a jóvenes y, sobre todo, en los barrios. Tal vez, en esta oportunidad se dan características particulares en relación al nivel de agresión al que se llegó, no olvidemos que hay uno de los chicos con toda la cara hinchada y que le cortaron las rastas. Todos estuvieron quince horas detenidos y si no fuera porque alguien dio aviso a la Defensoría directamente, las fuerzas nunca libraron la comunicación obligatoria al fiscal.
— ¿Estuvieron detenidos e incomunicados?
— Claro, incomunicados de hecho, porque la policía no tiene esa autoridad. Hubo muchos incumplimientos, pero recordemos que, lamentablemente, solo cuando las víctimas tienen la posibilidad de llevar adelante una denuncia y sostenerla es que nos enteramos. Pero ocurre cotidianamente con un sinnúmero de chicos, todos los días, que no tienen la posibilidad de llevar una denuncia adelante, ya sea por miedo, porque no tienen los medios materiales o porque se naturalizan este tipo de acciones en los barrios. No comprenden que no hay derecho para que se los trate así.
— ¿Se puede diferenciar los modos según las distintas fuerzas de seguridad?
— Todas las fuerzas son creadas con los mismos objetivos. Si bien, es una reflexión amplia en la se pueden ingresar muchos matices, sí se puede pensar en cuestiones particulares que tienen que ver con la formación pobrísima de los agentes policiales en el último tiempo.
— ¿En qué aspecto consideras que falla la formación?
— En todos, no solo en los relacionados con las materias propias de un agente policial. La formación de una persona que va a salir armada a la calle tiene que ser integral, no debe conocer solamente cómo usar el arma, y en algunos casos ni eso. No hay una formación con respecto a la legislación que deben respetar, muchos de ellos no pueden diferenciar entre un delito y una falta, y cuándo corresponde hacer un arresto. Tenemos una policía que decide a su criterio qué conductas son reprimibles y cuáles no.
— ¿Desde los distintos estamentos del Estado cuál ha sido la respuesta?
— Nula. Por ejemplo, otro caso que llevamos adelante desde Apdh es el de María de los Ángeles Paris. A pocos días de lo sucedido, el gobernador salió a afirmar que no había existido violencia en la muerte de la bibliotecaria. O sea, una mujer detenida ilegalmente que fue agarrada por el cuello y por las pernas, esposada, dejada boca abajo, gritando y pidiendo auxilio; el gobernador entiende que no hay violencia de parte de los agentes policiales. No conforme con eso, después de una segunda autopsia a pedido de la querella que tuvimos que pelear en una audiencia ante el juez, los informes preliminares indican que hubo violencia con golpes en los brazos, en la espalda y en las pantorrillas de María de los Ángeles, desde el gobierno provincial siguen negando porque no hablaron más del caso. En la reunión que tuvimos con el Ministro de Seguridad dijeron que no podían hacer nada en relación a este tema. Es decir, quien dirige las fuerzas de seguridad nos dice que no puede hacer nada. El negacionismo de parte del gobierno lo convierte en un crimen de Estado.