Por Diego Añaños
Por Diego Añaños
El ministro Martín Guzmán ya está de vuelta luego de participar de la cumbre de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G-20. Durante su estancia mantuvo reuniones con las principales referentes de la economía global, y no parece haberle ido nada mal. Tanto el comunicado oficial del FMI como el emitido por el Ministerio de Economía visitaron los mismos conceptos: “Los encuentros han sido muy positivos”, ”Seguiremos trabajando juntos en pos de profundizar la relación que nos une”, “Durante las reuniones se lograron avances concretos en diversas áreas de interés”, y un sinnúmero de expresiones que son un himno a los lugares comunes. Sin embargo, lo verdaderamente medular tiene que ver con los temas sobre los que Guzmán viene trabajando para introducirlos en la agenda. Y no está solo.
A comienzos de abril de este año, y en el marco de las springmeetings del Banco Mundial y el FMI, los gobiernos de Alberto Fernández y de Andrés Manuel López Obrador, propusieron la creación de un fondo de reservas internacionales de Derechos Especiales de Giro (DEG). La iniciativa apuntaba a facilitar el acceso al financiamiento a los países de ingresos medios, que son los que más se ven afectados por las altas tasas de los créditos. A ver, los países miembros perciben los derechos especiales de giros en forma directamente proporcional a la cuota parte que pagan al FMI. La Argentina, por ejemplo, cuya participación es del 0,67%, percibirá U$S4.354 millones de la emisión extraordinaria de U$S650.000 prevista para agosto. Además, por su situación, se ve obligada a pagar intereses muy superiores a los que pagan los países más ricos. El argumento que sostenía la propuesta de los gobiernos argentino y mexicano es simple: los países que más beneficiados se ven por la emisión de los derechos especiales de giro son los que menos lo necesitan. Por otro lado, esos mismos países tienen acceso al crédito barato, posibilidad que les está negada a los países emergentes.
Llevó algunos meses, pero parece que la semilla plantada en abril, comenzó a crecer tres meses después. Al final del encuentro, Kristalina Georgieva tuiteó: “En el FMI estamos proponiendo préstamos de DEG para crear un fideicomiso de resiliencia + sostenibilidad para respaldar #climateaction. Puede ofrecer tasas más bajas y vencimientos más largos para crear espacio fiscal para mitigación, adaptación, transición, especialmente para países de ingresos bajos/medianos altamente vulnerables”. Como nota de color, destaquemos que el posteo se realizó al día siguiente de la reunión con Martín Guzmán. Y claro, desde el gobierno argentino leen el tuit de la directora gerente del FMI como la antesala de la aparición de una nueva línea de crédito, con plazos de repago más largos y tasas especiales. Es decir, un nuevo formato que avance en la reforma de la arquitectura financiera que la Argentina viene reclamando. El Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad se integraría con las sesiones voluntarias de los países que no requieran los fondos extraordinarios aportados por el FMI. En síntesis, Sacachispas se anota otra victoria.
Es, sin ningún lugar a dudas, una estupenda noticia, que llega en un momento crucial de las negociaciones por la reestructuración de la deuda caída. La nueva línea permitirá flexibilizar un poco el rígido menú de opciones que ofrece el Fondo, que está virtualmente restringido a los programas de stand by y/o facilidades extendidas. Sin embargo existe un amplio consenso en que los cambios no se producirán en lo inmediato, y es poco probable que las nuevas condiciones sean aplicables a la presente negociación. Sin embargo, se especula con la posibilidad de dejar abierta una cláusula que permita que la Argentina pueda aprovechar las ventajas de la nueva línea en cuanto se habilite en el futuro.
El hecho es que estamos ingresando al tramo definitorio de la resolución de la pesada herencia de endeudamiento que nos legó el macrismo. Incluso algunas fuentes del gobierno nacional aseguran que el encuentro del G-20 en Venecia allanó significativamente el camino para un acuerdo relativamente rápido. De hecho sostienen que no es del todo imposible que se consiga cerrar las negociaciones en septiembre. La fecha no es caprichosa: entre septiembre y diciembre, el gobierno enfrenta el pago de compromisos por alrededor de U$S2.000 millones. En caso de arribar a una acuerdo a tiempo, esos vencimientos entrarían en el nuevo convenio, lo cual despejaría cualquier incertidumbre financiera hasta 2022. Paralelamente, permitiría bajar la intensidad de las presiones sobre el tipo de cambio, profundizadas en las últimas semanas, y consecuentemente calmar las expectativas inflacionarias. Este último punto no es menor, fundamentalmente si tenemos en cuenta que la inflación será significativamente más alta que la prevista por el equipo económico en la Ley de Presupuesto y estamos en un año donde el gobierno pone a consideración su gestión, ya que se juegan las elecciones de medio término.