El titular del Colegio de Magistrados solicitó un mayor compromiso de los otros poderes del Estado para evitar este tipo de ataques al Poder Judicial
El presidente del Colegio de Magistrado de Santa Fe, Gustavo Salvador, afirmó este jueves que el ataque a balazos contra el Centro de Justicia Penal (CJP) es una nueva muestra de “intimación a la Justicia y un desafío a la autoridad del Estado”.
El tiroteo al edificio se produjo unas horas antes del inicio de un nuevo juicio a miembros de la Banda de los Monos por una serie de atentados justamente contra edificios judiciales o propiedades de jueces y fiscales que tuvieron participación en la persecución penal de esos delincuentes. En ese marco, solicitó un mayor compromiso de los otros poderes del Estado para evitar este tipo de ataques al Poder Judicial.
“Esto fue una nueva intimidación, algo inédito, a horas del inicio del juicio. Estamos consternados. El Poder Judicial cumplió con su obligación. En el momento que hubo que investigar delitos, se investigó y se llevó a juicio a los responsables que merecieron condenas”, aseguró el magistrado en declaraciones radiales a LT8.
En la misma línea, Salvador resaltó que al momento de procesar a Los Monos por diferentes delitos “incluso cuando magistrados, funcionarios e inmuebles del Ministerio Público de la Acusación fueron blanco de balaceras, hubo una respuesta institucional”.
“Y ahora, que empieza un nuevo juicio que determinará las responsabilidades de estos hechos, ocurre otra vez hecho de esta naturaleza”, remarcó.
“La mayoría de los hechos de amedrentamiento, no sólo a integrantes del Poder Judicial o a edificios judiciales, sino a personas particulares están organizadas desde distintas cárceles del Servicio Penitenciario. No lo decimos nosotros. Lo dicen las pruebas que surgen en distintos juicios. Tiene que haber un firme compromiso de todos los poderes del Estado para tratar de evitar estos episodios”, sentenció Salvador.
Por último, el titular del Colegio de Magistrados subrayó que “no se puede seguir tolerando que se intente coartar la independencia de los jueces y el trabajo que llevan adelante los fiscales, mediante actos intimidatorios de esta naturaleza”.