Juan Guaidó, quien se juramentó como presidente de Venezuela por encargo de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), llamó hoy a sus seguidores a recibirlo con una movilización a su regreso a Caracas, para demostrar que hay una «mayoría» de la población en contra del «usurpador» Nicolás Maduro.
Guaidó cruzó el pasado fin de semana la frontera de su país hacia Colombia para apoyar un operativo destinado a hacer ingresar ayuda humanitaria desde Cúcuta. Desde entonces no regresó a Venezuela. El jueves tiene previsto viajar a Brasil, donde será recibido por el presidente Jair Bolsonaro, y todavía mantiene en reserva la fecha en la que planea volver a Venezuela.
Este miércoles, la Asamblea Nacional, dominada por el antichavismo, aprobó una pedido de Guaidó para que se le permita salir del país y ausentarse por más de cinco días. “Solicito autorización por parte de este cuerpo legislativo para ausentarme del territorio nacional por un lapso mayor de cinco días contando desde el sábado 23 de febrero”, señaló la petición a la que la Asamblea nacional le dio el visto bueno.
La agencia Europa Press difundió una declaración en la que Guaidó aclara que anunciará en «los próximos días» la fecha de su regreso para que sus seguidores puedan acompañarle. «La movilización es la clave del éxito», sostuvo el presidente encargado, a quien el presidente Nicolás Maduro le advirtió que puede ser detenido porque existen resoluciones judiciales que le impedían salir del país.
En tanto, en Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) advirtió que Maduro se enfrenta a una «prueba de fuego» ante el inminente regreso de Guaidó.
«Sin duda hay preocupación, yo creo que va a ser una prueba de fuego porque el Gobierno ha anunciado que podría o habrían promovido acciones judiciales contra Guaidó», dijo a la agencia EFE el comisionado Francisco José Eguiguren, relator de Venezuela en el organismo interamericano.
En opinión de Eguiguren, la detención de Guaidó supondría «un paso siguiente en la represión política» y pondría en evidencia que el Estado está usando su poder punitivo para perseguir judicialmente a disidentes políticos, una preocupación que ha expresado anteriormente el organismo.