Tras la decisión del juez federal Ramos Padilla, sindicatos locales celebraron la medida y apoyaron a La Bancaria
El fallo del juez federal Alejo Ramos Padilla, que dio lugar a una medida cautelar y suspendió el decreto N° 116/25 del Gobierno nacional, que establecía la transformación del Banco Nación en Sociedad Anónima, fue celebrada por gremios rosarinos.
En primer lugar se expidió La Bancaria Rosario, sindicato que en la ciudad encabeza Analía Ratner, que a través de un comunicado nacional señaló: “Una vez más la Justicia nos da la razón”. Puntualmente el titular nacional del gremio, Sergio Palazzo, defendió recientemente el carácter público del banco y su rol en la economía del país: “Quien invierte plata en una entidad financiera no invierte para el desarrollo armónico de una sociedad, lo hace para ganar plata”, apuntó en ese sentido.
En ese marco, gremios locales sumaron su apoyo al fallo judicial. Desde la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (Atsa Rosario) lanzaron un duro comunicado repudiando la decisión presidencial “de querer privatizar el Nación”.
Javier Ojeda, secretario General del gremio local, había cruzado duro a Milei señalando que según el Indec, “cae el empleo y se profundiza la precarización laboral”. Según el sindicalista, tras los datos negativos del Instituto de Estadísticas y Censo, “este Gobierno piensa que a la gente no le importa y nosotros respondemos que sí nos importa”.
En ese marco, el gremio celebró el freno judicial al decreto presidencial que iba por la transformación del Banco Nación en Sociedad Anónima.
Otros gremios que se expresaron fueron el Sindicato de Cadetes de Rosario y los gremios nucleados en la Intersindical Rosario.
Resolución del juez
La resolución de Ramos Padilla le da lugar al planteo del gremio y sostiene que el decreto permitiría, en “prima facie”, el ingreso de capitales privados al Banco Nación, entidad que fue explícitamente excluida del proceso de privatizaciones establecido por la Ley de Bases. Asimismo, el fallo judicial interpreta que el decreto excede el ejercicio de las facultades delegadas por el Congreso Nacional.
La medida cautelar ordena al Estado Nacional y al Banco Nación abstenerse de implementar cualquier acción tendiente a la ejecución del decreto, y solicita además al Gobierno un informe sobre el interés público que justificaría la conversión del banco en una Sociedad Anónima.