Desde Amsafé asegurarom que efectivos policiales los detuvieron cuando varios colectivos se dirigían rumbo a Santa Fe capital
Organizaciones gremiales acusaron al Gobierno de Santa Fe de intentar sabotear la manifestación convocada en rechazo a la reforma jubilatoria. La protesta, organizada en la Legislatura provincial, fue afectada por demoras en el viaje de los manifestantes y la falta de acceso a electricidad para amplificar el acto sindical.
Marisa Aybar, docente de Amsafé Rosario, denunció que un convoy de siete colectivos que partió desde la zona sur de Rosario fue detenido por la policía en la autopista Brigadier López. «Somos 450 personas varadas en la ruta, esperando escolta policial. Esto es una maniobra para demorarnos e impedir nuestra libre organización», afirmó Aybar en un video difundido por redes sociales. Según la docente, las autoridades no aclararon quién dio la orden de detener la caravana.
El secretario general de Sadop Rosario, Martín Lucero, también se sumó al reclamo, calificando el operativo como una «persecución del gobierno de Santa Fe a los trabajadores que democráticamente van a manifestarse». Expresó su repudio en la red social X, subrayando que las personas en los colectivos eran maestras, no violentos, y que se les estaba privando de derechos fundamentales como la libre circulación y la protesta.
Por su parte, el docente y militante Franco Casasola afirmó que «Gendarmería está reteniendo a los colectivos que intentan llegar a Santa Fe». Acusó al ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, de implementar medidas similares a las de la exministra Patricia Bullrich, con el objetivo de reprimir la protesta sindical.
Una vez que los manifestantes llegaron a la capital provincial escoltados por la policía, enfrentaron otro obstáculo: el Gobierno les negó el acceso a la electricidad pública, lo que dificultó el uso de parlantes para el acto gremial. Los manifestantes calificaron esta medida como parte de una serie de «hostilidades» del gobierno que, según sostienen, intenta «cercenar los derechos sindicales y de protesta». Además, denunciaron que el Ejecutivo atenta contra la calidad educativa y la estabilidad laboral de los empleados públicos.
La tensión entre el gobierno provincial y los gremios continúa escalando mientras se debate la polémica reforma jubilatoria en la Legislatura.