Por Daniel Sabsay*
El diagnóstico jurídico es sencillo: la toma de tierras es un delito. Está tipificada en la Consititución Nacional, que en su Artículo 181 habla de la usurpación de bienes, la cual está condenada de manera graduada.
El tratar de utilizar la situación de precariedad de millones de personas o de cientos de miles de hogares sin vivienda desde la política es lamentable. Pero la realidad es que esto está siendo impulsado por sectores políticos ligados al oficialismo, que los usa vilmente para crear negociados, como las ventas de parcelas.
Además, se crea una desigualdad con la gente que se anota para recibir planes y está haciendo la cola y se ven burlados por estos canallas que se benefician de estos negocios. Me parece nefasto.
Para peor, no hay una verdadera condena desde el Gobierno y Grabois debería estar sometido a un juicio penal: agitó las tomas de terrenos y funcionarios ligados a su movimiento están implicados en esto que es un delito.
Pero los poderosos no van presos, Grabois sigue en su rol del «mesías», convence a unos pocos, pero tiene el apoyo del Papa que es un personaje particular.
Esta situación de las tomas también genera una grieta tremenda, una grieta entre propietarios y no propietarios. Y el Papa encima dice que el derecho a la propiedad es un derecho secundario, algo que la verdad no sé de dónde sacó.
Desgraciadamente, los que ocupan tierras son parte de un delito. Pero por su situación de necesidad seguramente tendrán atenuantes en un proceso judicial. Aunque
lo deberán demostrar, mientras que el juez deberá ver cómo corren esos atenuantes y aplicar la ley.
(*) – Abogado constitucionalista, profesor titular y director de la carrera de posgrado en Derecho Constitucional (UBA)