La norma beneficia a la industria del software, producción audiovisual, biotecnología, bioinformática, ingeniería genética, nanociencia, industria aeroespacial y satelital y la ingeniería nuclear.
El Gobierno promulgó hoy, por decreto, la ley que modifica el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, con incentivos a las empresas que inviertan en servicios y productos tecnológicos.
Se trata de la ley N° 27.506, que había sido sancionada a principios de este mes por la Cámara de Diputados y finalmente fue promulgada este lunes, con su publicación en el Boletín Oficial.
La norma beneficia a la industria del software, producción audiovisual, biotecnología, bioinformática, ingeniería genética, nanociencia, industria aeroespacial y satelital y la ingeniería nuclear.
En ese sentido, incluye a los «servicios profesionales, únicamente en la medida que sean de exportación» y estén dentro de los sectores jurídicos, de contabilidad general, consultoría de gerencia, gerenciales y de relaciones públicas, auditoría, cumplimiento normativo, asesoramiento impositivo y legal, de traducción e interpretación, gestión de recursos humanos, o de publicidad, creación y realización de campañas publicitarias.
Además, abarca al diseño de experiencia del usuario, de producto, de interfaz de usuario, diseño web, diseño industrial, diseño textil, indumentaria y calzado, diseño gráfico, diseño editorial, diseño interactivo, arquitectónicos y de ingeniería.
Podrán acceder a los beneficios del Régimen las personas jurídicas constituidas en la República Argentina o habilitadas para actuar dentro de su territorio, que se encuentren en curso normal de cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales, gremiales y previsionales debidamente acreditados con el certificado de libre deuda de la entidad respectiva, y desarrollen en el país por cuenta propia. .
La Ley fue aprobada en Diputados el 8 de octubre último, tras haber sido modificada por el Senado: la Cámara alta la modificó, y entre otras cuestiones dispuso el otorgamiento de un bono fiscal para cancelar deudas, intransferible, más una segmentación entre las empresas.