“La decisión disruptiva fue la de Alfonsín, porque lo normal es que en la Argentina no hubiera pasado nada”, sostuvo en una entrevista exclusiva con Noticias Argentinas
Por Sebastián Hadida / Noticias Argentinas
A 40 años de la recuperación democrática, el abogado, ex juez y ex funcionario radical Ricardo Gil Lavedra rememoró el proceso emblemático que le tocó protagonizar como integrante del tribunal que juzgó a las Juntas Militares en 1985 y recordó un detalle que suele ser pasado por alto en la revisión de la historia reciente.
«La sociedad en general no acompañaba. Creo que la demanda creció después cuando comenzó a saberse la verdad. Pero en mi opinión, en el año 1983, nadie reclamaba el juicio a las Juntas«, sostuvo el actual presidente del tradicional Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
En ese sentido, calificó la decisión del ex presidente Raúl Alfonsín de impulsar el juicio a la cúpula militar de «disruptiva», dado que iba contra la corriente y el humor social imperante en la época.
«La decisión disruptiva fue la de Alfonsín, porque lo normal es que en la Argentina no hubiera pasado nada«, sostuvo en una entrevista exclusiva con Noticias Argentinas.
A continuación, un detalle de la charla:
NA – Usted fue secretario letrado de la Procuración General de la Corte durante la primera parte de la dictadura, ¿cómo funcionaba la Justicia en aquellos años?
RGL – La Argentina sufrió medio siglo de promiscuidad entre los gobiernos civiles y militares, y recién en el año 1983. Esto dio lugar a una justicia, yo diría, burocrática, profesionalizada, en la cual se daba importancia a la carrera judicial y en el cual había también una justicia encargada de solucionar los temas técnicamente pero con indiferencia valorativa acerca de los principios democráticos. La sucesión de gobiernos civiles y militares hacía que todo el ordenamiento jurídico estuviera compuesto por normas de facto y normas de iure, lo que dio lugar a una Justicia que en general actuaba de la misma forma con gobiernos civiles y militares, aplicando las normas de igual manera. En el caso particular de la Justicia penal, sin duda se planteó el problema de que a partir del año 75 hasta el 79, había millares de habeas corpus que venían contestados de modo negativo porque obviamente las características del plan criminal que hicieron los militares en el 76 era que fuera secreto, que fuera clandestino.
– Pero hubo un origen autoritario en la designación de los cinco jueces de la Corte Suprema durante la dictadura…
– Era una Corte de facto, sí, claro, pero aun así, cuando los jueces de instrucción se agruparon y le hicieron llegar a la Cámara y a la Corte un reclamo, la propia corte de facto se dirigió a la Junta Militar haciéndole llegar su preocupación por estas circunstancias. También la propia corte de facto hizo lugar a un par de expedientes que trajeron su conflicto. Desde ya, no se puede generalizar porque ha habido muchos casos, por ejemplo, en algunas jurisdicciones, en Mendoza, particularmente, de jueces que han colaborado activamente con la dictadura. El tema es qué puede hacer un juez si la policía le dice que no tiene a nadie detenido, si las Fuerzas Armadas le dicen que no hay nadie, etcétera.
– ¿Qué pasó con la Justicia en los primeros años de la recuperación democrática?
– El problema que se planteó Alfonsín es que hacía con la Justicia. Por supuesto que podía haber prescindido de toda la justicia que estaba en la dictadura pero esto era imposible porque no podía sustituir a una justicia profesional y técnica. Lo que él hizo fue mandar el acuerdo de un 60 o 70% de los jueces que existían con la idea o con el desafío de que esa gente en el régimen democrático se insertara en la democracia y comenzara a actuar ahora con los valores de la democracia. Y por supuesto no envió el acuerdo en aquellos casos en los cuales hubiera habido claras simpatías, adhesión o compromiso con la dictadura.
– Usted fue un parte del tribunal que enjuició a las Juntas Militares. ¿Había apoyo de la sociedad para encarar ese proceso?
– Sentíamos ese apoyo dividido, el escepticismo por un lado, incredulidad, alguna mirada con sorna, que nos indicaban que esto era una cosa imposible y por supuesto sí había apoyo de quienes empujaban que hubiera un juicio. Por supuesto que había muchos sectores dinámicos de la sociedad que reclamaban por verdad y justicia, como la juventud de todos los partidos y desde ya las organizaciones de Derechos Humanos. Pero yo creo que la sociedad en general no acompañaba. Creo que la demanda creció después cuando comenzó a saberse la verdad. Pero en mi opinión, en el año 1983, nadie reclamaba el juicio a las Juntas. No lo reclamaban los partidos políticos. La multipartidaria pidió la lista de los desaparecidos, pero no el juicio. No las reclamaban ni las propias organizaciones, que lo que querían es saber la verdad, pero nadie pensaba que pudiera haber un juicio. Desde ya no lo querían los empresarios, no lo quería la iglesia, los militares menos, por supuesto.
– O sea que luchaban contra la corriente en ese momento…
– Es que yo creo que la decisión de Alfonsín fue disruptiva.
– En la galardonada película «Argentina, 1985» no se refleja la figura de Alfonsín como tan decisiva en el impulso del Juicio a las Juntas.
– 1985 es una película comercial y de ficción, en la cual el juicio aparece como una consecuencia natural, como algo espontáneo. Pero sin Alfonsín no hay película, no hay juicio, no hay nada. La decisión disruptiva fue la de Alfonsín, porque lo normal es que en la Argentina no hubiera pasado nada.
– ¿Qué diferencia hubo con los juicios de Nuremberg?
– Nuremberg es un juicio militar de las potencias vencedoras a los vencidos. En cambio, el juicio de la Junta es un juicio por un tribunal civil aplicando el derecho penal común, aplicando también las garantías del debido proceso vigentes en el país y por crímenes masivos. Las diferencias son totales. Por eso el juicio de las juntas militares tiene características inéditas, no en la Argentina, en el mundo.
– ¿Qué valor tuvo el trabajo de investigación de la CONADEP en el juicio?
– La CONADEP tuvo una importancia enorme en muchos aspectos. En primer lugar también su carácter inédito. Cuando Alfonsín firmó el decreto que establecía la CONADEP, sin saberlo, estaba creando la primera comisión de la verdad del mundo, que luego se replicó en todos lados: en Chile, en Brasil, en Guatemala, en El Salvador, en Sudáfrica, Europa del Este, etcétera. La labor ha sido extraordinaria porque en un lapso muy breve de nueve meses. La CONADEP fue la que comenzó a descubrir, a correr el velo de lo que había pasado, 340 centros de detención, los miles de desaparecidos. Cuando nosotros decidimos hacer un proceso acusatorio y decidimos también que hubiera un conjunto de casos representativos, le dijimos al fiscal Julio Strassera que íbamos a actuar de esa manera y que tenía que seleccionar casos representativos. Obviamente el apoyo que le dio la CONADEP en la selección de los casos fue total. Había que por arma en todo el país, en distintas épocas, y eso solamente se podía hacer desde la CONADEP. La selección de los casos la hizo la CONADEP, sin perjuicio que luego la fiscalía en muchos casos consiguió incluso fortificar más la prueba.
– ¿Qué es «La hermandad de los astronautas» (el título del libro que escribió y publicó en 2022)?
– Lo tomé de una frase que decía siempre Jorge Torlasco (integró también el tribunal del juicio a las Juntas), que decía que éramos como un conjunto de astronautas en una nave espacial. Afuera pasaban muchas cosas que a nosotros no nos llegaban porque estábamos ahí enfrascados en un objetivo que era dictar sentencias. Los astronautas dependíamos uno del otro, es decir, dependíamos también de la confianza recíproca que tuviéramos. Y de esa confianza recíproca se va forjando un vínculo muy especial, una especie de hermandad. Son vínculos que perduraron más allá de ese momento. Lo tenemos y lo vamos a tener hasta la muerte, porque yo creo que cuando se viven circunstancias extraordinarias se crean también relaciones extraordinarias.
– ¿Qué importancia tenía en aquel momento tener una sentencia rápida y ejemplificadora?
– Era vital. El juicio tenía que ser muy rápido porque tenía que ganarle al creciente malestar militar. Como percibíamos que el malestar militar iba en aumento, teníamos que aprovechar la ola que nos daba el comienzo del nuevo gobierno constitucional antes que eso creciera. Yo no quiero pensar qué habría pasado si en el levantamiento carapintada de Aldo Rico en Semana Santa el juicio todavía no hubiera empezado.
– ¿Cómo se definió que fuera un juicio oral?
– Nosotros nos abocamos al proceso que llevaba adelante el Consejo Supremo de la Fuerza Armada, que aplicaba el Código de Justicia Militar. Ese código tenía la ventaja de la oralidad y si bien muchos decían que nosotros teníamos que aplicar el código de procedimientos en materia penal que regía en ese momento en el orden federal, decidimos que íbamos a seguir con el Código de Justicia Militar porque nos permitía un juicio oral. Tenía dos enormes ventajas: la rapidez y la publicidad.
-¿Le decepcionaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida de Alfonsín?
– Es una ley difícil de justificar porque no es justificable jurídicamente, tampoco tiene razones morales que la apoyen, el sustento es exclusivamente político. Claro que en su momento no me gustó. Mirado en perspectiva y con el paso del tiempo, ¿qué otra alternativa había? El gobierno de transición tenía como un objetivo excluyente entregar el mando, es decir, que no lo volteen, asegurar o consolidar la democracia. Alfonsín lo hizo y él tenía muy en claro de que él tenía que transitar por un camino muy riesgoso que era por un lado la verdad y la justicia, pero por el otro poder llevar adelante sin riesgo a la nave de la democracia a buen puerto. Y probablemente esas leyes posibilitaron que años más tarde, muchos años después, cuando cambió el contexto, se pudieran reabrir los juicios y terminar la etapa de justicia.
– ¿Cuáles fueron los desaciertos de Alfonsín?
– A Alfonsín le tocó un período terrible porque tenía todos los frentes a la vez: tenía que pelear en el campo militar, en el campo sindical, en el campo económico. Incluso debió afrontar restricciones en materia de precios internacionales que no tuvieron otros gobiernos. Mirando con la licencia que da hacerlo después de muchos años, y siempre es más fácil hablar de afuera, hay una gran sensación de que quizás él concedió demasiado para empezar a crearle grietas al plan Austral. Eso lo hizo en su afán de buscar acuerdos. Pero no hay que perder la perspectiva porque sufrió tres alzamientos militares y trece paros generales siendo el primer gobierno de la democracia.
– ¿Por qué los únicos dos gobiernos radicales que hubo tras el regreso de la democracia no pudieron terminar? Usted integró ambas experiencias.
– Se dieron en contextos sumamente complejos. Alfonsín en la época de la transición democrática y en el caso de De la Rúa, heredó un campo minado, una bomba que era la convertibilidad, que era un corset que imposibilitaba todo tipo de medidas. De la Rúa pudo haber decidido salir de la Convertibilidad, como muchos le aconsejaban y buscar una salida ordenada, pero prefirió morir con la palabra empeñada. Yo creo que la sociedad ha pagado un costo enorme, aun cuando Argentina salió en la crisis del 2001 con un aparato productivo intacto. Eso explica el rebote de Argentina en los años siguientes.
– ¿Le pareció bien que el gobierno de Néstor Kirchner haya retomado la política de derechos humanos, reabriendo los juicios, anulando las leyes del perdón?
– Sí, por supuesto, estoy de acuerdo en que se pueda terminar con justicia un período tan doloroso en la historia argentina, desde ya. Eso me parece que ha estado bien. Lo que creo que es malo es el intento de apropiación de la cuestión de los Derechos Humanos. Porque algo que era absolutamente transversal, que pertenecía a todo el pueblo argentino, se trató de partidizarlo hacia un sector político.
– Pero no era una demanda de la sociedad, que en ese momento tenía otras preocupaciones. ¿Qué rédito político podía llevarse el kirchnerismo en «apropiarse» de los derechos humanos?
– Sí, es cierto, pero me parece que contó con todo el apoyo de la sociedad y hubiera sido muchísimo mejor de que no tratara también de apropiársela, ¿no? Esto me ha parecido muy mal. Y también de que no tuvo una política eficiente para la apertura de los juicios.