El faltante de GNC y los cortes a industrias volvieron a poner en primer plano el retraso en trabajos claves
El faltante de GNC en estaciones de servicio de esta semana y los cortes de suministro de gas a industrias desnudaron los problemas que desde el sector energético venían advirtiendo: la necesidad de terminar las obras pendientes del Gasoducto Néstor Kirchner.
Las obras inconclusas obligarán al Gobierno a desembolsar unos 500 millones de dólares en este invierno para traer gas licuado en buques y sostener la demanda clave de hogares, escuelas y hospitales.
Según especialistas, en el escenario actual el gasoducto tiene capacidad para transportar 11 millones de metros cúbicos por día. Si se completan las obras faltantes, podrá transportar el doble.
Esas obras claves son dos plantas compresoras: una es la de Tratayén, en Vaca Muerta, Neuquén, cuya construcción está a cargo de Sacde. Ya tiene casi 90% de avance, por lo que los expertos consideran que fue un error del gobierno no haber terminado la obra enseguida. Se espera que hacia fines de junio se concluya la parte mecánica. Por allí circulará el gas de Transportadora Gas del Sur (TGS).
La otra planta compresora es la de Salliqueló, que está más lejos de terminarse, según fuentes del sistemas energético.
Si bien la firma BTU ya colocó la Estación de Medición, la puesta en marcha está prevista recién para septiembre, cuando la mayor demanda de gas ya haya pasado.
La planta de Salliqueló es construida por la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Esuco-Contreras Hermanos.
El secretario de Energía, Eduardo Chirillo, aseguró que este gobierno regularizó pagos por más de 30.000 millones de pesos y destinó recursos por otros 47.000 millones en la fase de terminación.
Chirillo apuntó tambien al “retraso heredado” del gobierno anterior para terminar la obra.
“El Gobierno no tiene deudas con los contratistas del GPNK, ni con los de la Reversión del Gasoducto Norte. Los pagos están al día”, aseguró el funcionario.
En este escenario donde el gobierno recibe críticas de la oposición por su política energética, fuentes del sector señalan que la demora en terminar las obras se debe al fuerte ajuste fiscal aplicado en el arranque del gobierno de Javier Milei. El propio presidente admitió que se “sobreactuó” el cumplimiento de metas fiscales ante el “descalabro” recibido del gobierno de Alberto Fernández.
En el sector energético sostienen que en los primeros meses del año Enarsa dejó de pagarle a las constructoras que están a cargo de las obras.
Y si bien el secretario de Energía dijo que está todo al día, en el sector sostienen que aún habría una deuda de unos 40 millones de dólares con las constructoras de las dos plantas.