El ministro de Justicia, Germán Garavano, resaltó hoy los cambios que propuso al presidente Mauricio Macri para la selección de jueces federales y señaló que «nadie se puede oponer seriamente a que se analicen sus declaraciones juradas».
El funcionario nacional aseguró que «llegó el turno de elevar los estándares de selección de los jueces federales, no sólo los de Comodoro Py, que enfrentan organizaciones de narcotráfico y criminalidad organizada».
En una entrevista con el portal Infobae, el integrante del Gabinete indicó que «se resolvió impulsar una modificación del decreto de designación de jueces: se le va a pedir a la AFIP un análisis más profundo de los candidatos, para generar una radiografía previa y tener una primera foto de la situación patrimonial».
«Hasta ahora se entregaba una declaración jurada, luego se pedía un informe a la AFIP, pero no había un análisis de las declaraciones juradas. Proponemos un análisis más profundo, para saber si hay inconsistencias. Si el día de mañana hay sospechas, vamos a tener una radiografía de los jueces, con sus bienes, sus propiedades y sus consumos», explicó el titular de la cartera judicial.
«Nadie se puede oponer seriamente a que se analicen sus declaraciones juradas, sobre todo si es un juez que quiere juzgar funcionarios o empresarios por corrupción», señaló al ser consultado sobre si habrá resistencia en el mundo judicial.
Asimismo, Garavano precisó que también se avanzará en la «publicación de los exámenes» que brinden los candidatos a magistrados, a la vez que resaltó que se «introduce la capacitación obligatoria» que incluye «una semana de entrenamiento antes de asumir el control del juzgado».
«Hoy nuestros jueces son muy formados en Derecho, pero falta el conocimiento práctico de la gestión de los tribunales y de la atención de las víctimas», planteó.
Finalmente, el ministro de Justicia destacó que «son reformas que se pueden implementar rápidamente sólo con una decisión del Consejo de la Magistratura, modificando los reglamentos», ante lo cual indicó que aspira a que «en menos de un mes pueda estar operativo» para quienes «están concursando» y no alcanzará a aquellos cuyos pliegos estén en el Senado.