El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, cuestionó este lunes la difusión de escuchas judiciales de algunos empresarios y dirigentes políticos al señalar que «eso está mal» y «no es bueno para el país».
Para el funcionario nacional, «es el propio Poder Judicial el que debiera generar todos los mecanismos adecuados para evitar que sus actuaciones se filtren» a los medios de comunicación.
«Lamentablemente, tenemos jueces que dan conferencias de prensa, que van al Congreso y que difunden esta información que, generalmente, es parte de procesos que están en etapas muy preliminares de investigación», criticó.
Durante una declaración en la Casa Rosada junto al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, Garavano resaltó que el nuevo Código Procesal Penal Federal que impulsa el Gobierno «cambia de raíz el sistema».
En este sentido, el funcionario explicó que cuando se empiece a aplicar esta norma, «el secreto de la etapa preliminar va a quedar de lado» ya que las decisiones de los jueces van a quedar expuestas en «audiencias orales y públicas».
Por su parte, Frigerio agregó que «el problema de las noticias falsas a través de las filtraciones judiciales es un problema de todo el mundo», pero resaltó que «la Argentina puede mostrar avances» en este tema.
Entre otras cosas, el ministro del Interior aseguró que el oficialismo trabaja para generar «transparencia» durante las campañas políticas y destacó la recientemente aprobada Ley de Financiamiento de los partidos.
Sobre este punto, Garavano precisó que el Ministerio de Justicia tiene, además, «un programa con sistemas biométricos para identificar a electores, sobre todo en zonas de frontera».
Por último, el funcionario lamentó «el sesgo periodístico» sobre el nuevo juicio contra Carlos Telleldín por el atentado a la AMIA y el trabajo que realiza la Unidad Fiscal especializada en la investigación del ataque.
Además, remarcó que el oficialismo presentó en el Congreso un proyecto para avanzar con los juicios en ausencia que podría aplicarse «no solo en casos de terrorismo, sino también en hechos de corrupción y de trata de personas».