El grupo siderúrgico cierra en Rosario y Villa Constitución por caída de ventas. Además, el gremio de la construcción lanzó estado de alerta
La situación laboral en el país, y sobre todo en la región de la provincia de Santa Fe, comienza a complicarse. Este martes, el grupo siderúrgico Acindar anunció que paralizará sus plantas fabriles en todo el país, entre ellas las de Rosario y Villa Constitución, entre el 18 de marzo y el 15 de abril por una fuerte retracción de las ventas, que según estiman fuentes de la empresa oscilarían en caídas de “entre un 35 y 40 por ciento”. A su vez, la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), que lidera Gerardo Martínez, decidió en las últimas horas el estado de alerta y asamblea permanente en todas las obras públicas y privadas del país en rechazo de «la pérdida de 50 mil puestos de trabajo por la paralización de las obras públicas que dispuso el Gobierno y la desaceleración de la inversión», informó la entidad sindical.
“Sabíamos que venía un año difícil, pero la caída es muy superior a la que proyectamos”, dijo en declaraciones a Radio 2 de Rosario el director de Relaciones Institucionales del grupo industrial Acindar, Facundo Velasco. Y remarcó: “En los 20 años que tengo trabajando en la empresa nunca se registró un derrumbe semejante”.
El directivo señaló que Acindar dará “vacaciones no gozadas, francos compensatorios y enviamos personal a capacitarse en seguridad, un tema muy importante para el grupo y en la que nunca se puede bajar la guardia”.
En la provincia de Santa Fe, el grupo Acindar posee la acería de Villa Constitución e instalaciones industriales en Rosario y plantas productoras en Buenos Aires (La Tablada) y San Luis (Villa Mercedes).
El ejecutivo de Acindar, dijo además que “todas las plantas pararán la misma cantidad de tiempo y luego se irá monitoreando las situaciones particulares”, aunque luego no descartó que “la parálisis de la actividad pueda extenderse más allá de abril”.
En relación a la pronunciada caída en las ventas, Velasco dijo que “es una situación general del país, que escapa a las posibilidades de la empresa. Bajó muy fuerte la demanda de la industria y de la construcción”, aseveró.
Por último indicó que como el objetivo del grupo “es cuidar la sustentabilidad del negocio y empleo de nuestra gente, es que paramos de producir para acomodar el nivel de stock a las menores ventas actuales y proyectadas”.
“La empresa tiene un plan para aumentar exportaciones, pero que las ventas al exterior no alcanzan para compensar la caída del mercado interno”, completó.
La Uocra, en estado de alerta y asamblea permanente
La Uocra explicó que «la paralización de las obras públicas dispuesta por el Gobierno de Javier Milei y la desaceleración de la inversión arriesga la continuidad de los emprendimientos privados en ejecución, con su consecuente impacto en la continuidad laboral de los trabajadores».
Además denunció «la ausencia de gestión y de interlocutores válidos del Poder Ejecutivo, que se desentiende de la problemática que afecta a la industria».
«Esta situación se produce en el contexto de la abrupta y generalizada caída de la actividad económica, y se agrava en la industria de la construcción por la reticencia del empresariado a acordar una recomposición salarial justa y suficiente que preserve el poder adquisitivo ante una inflación sostenida que castiga a los trabajadores», sostuvo el gremio en un comunicado.
Para Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, los trabajadores «no tienen otras herramientas para enfrentar la crítica coyuntura que la suba de los ingresos».
«En los dos últimos meses se perdieron 50 mil puestos de trabajo directos y más de 100 mil indirectos en la actividad a partir de la desfinanciación y consecuente paralización de las obras públicas en ejecución por parte del Gobierno, lo que constituye una situación que arriesga de forma grave la continuidad laboral de gran parte de la construcción», dijo.
El dirigente sostuvo que la obra privada no logró aún niveles de actividad que compensen «la drástica caída, y nada indica que los privados sustituyan el rol y el financiamiento estatal en materia de infraestructura pública», y añadió que «es inaceptable que el Gobierno no se responsabilice por las consecuencias económicas, laborales y sociales de sus propias medidas, que no convoque al diálogo social y arriesgue la seguridad jurídica».
«El Gobierno de Milei arriesga la seguridad jurídica en materia de inversión en obras públicas, lo que afecta las impostergables demandas para el desarrollo económico y social de todas las regiones de la Argentina», concluyó el titular de la organización.