CLG dialogó con Antonio Tessolini, referente del sector, quien relató la situación que atraviesan: "La última vez que cobramos fue en enero"
Organizaciones dedicadas al abordaje de salud mental y consumos problemáticos advierten que están en una situación de «extrema gravedad», debido a que el gobierno provincial lleva cinco meses sin cumplir con sus obligaciones. Además, denuncian que «no forman parte de la agenda sanitaria» y que hay una «falta de políticas» para el sector.
Estas preocupaciones fueron plasmadas en un comunicado firmado por varias organizaciones de este sector. CLG dialogó con Antonio Tessolini, referente del Programa Andrés Rosario, una de las instituciones firmantes, quien relató la situación que están atravesando: «Desde hace varios meses hemos generado una mesa de encuentros y discusión a partir de la inquietud que tenemos por la situación en la que se encuentran nuestras instituciones y ahora publicamos un comunicado intentando visibilizar la situación».
«El abordaje de salud mental y consumos problemáticos no ha tenido el lugar estratégico que debería haber tenido en esta crisis sanitaria. Lo cierto es que hasta hace dos semanas la provincia no había designado a ningún funcionario a cargo de la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento integral de las Adicciones (Aprecod), por lo tanto transcurrimos el resto de la pandemia sin una dirección clara por parte del Estado en relación a las políticas para el abordaje de los consumos», explicó.
Tessolini criticó la falta de adecuación del sector a las condiciones de la pandemia y la cuarentena: «Si hay algo que habíamos logrado a partir de la sanción de la Ley de Salud Mental es que los consumos problemáticos se incluyeron en la problemática de la salud, y la verdad es que en toda la estrategia sanitaria no ha tenido una visibilización. No se han pensado los modos de asistencia y cómo reformular claramente los dispositivos para la población con la que trabajamos».
«Si bien en un primer momento todas las indicaciones de salud mental invitaban a sostener los tratamientos de manera remota, lo cierto es que gran parte de los usuarios con los que trabajamos no cuentan con esas posibilidades y quedaron en un estado de indefección», agregó, en referencia a las personas que estas organizaciones atienden.
El referente del Programa Andrés Rosario se refirió a las deudas que mantiene el Estado provincial con las organizaciones, a través de Aprecod: «Si bien las nuevas autoridades se comprometieron a regularizar la situación, hasta el día de la fecha no hemos cobrado un peso de los convenios. Estuvimos trabajando estos cinco meses asistiendo a usuarios derivados por el Estado sin tener garantías de cobrar por lo que estábamos haciendo. La última vez que cobramos fue en enero, cuando algunas organizaciones pudimos cobrar el último bimestre de 2019, pero todavía no cobramos nada del 2020».
Además, en el comunicado, las organizaciones manifestaron su preocupación y disconformidad debido a que el día que cobren estos convenios, recibirán montos acordados en 2019, en el marco de un proceso inflacionario de más del 50%.
Tessolini señaló que estas instituciones continuaron su trabajo «de forma remota y presencial, sosteniendo las guardias», pese a que su situación es crítica: «Muchas de las instituciones de este campo estamos con serias dificultades para seguir subsistiendo. Durante seis meses no tuvimos ningún ingreso y tuvimos que seguir sosteniendo los gastos de funcionamiento, muchos no hemos podido pagar los honorarios de nuestros trabajadores».
«La salud mental está seriamente afectada por la cuarentena. El no tener políticas ni interlocutores en este tiempo ha tenido una gravedad enorme. Queremos que, lo más rápido posible, se arbitren los medios necesarios para que el Estado nos pague la deuda que tiene con nosotros. Si bien hay un compromiso de pago, estamos a 10 de junio», agregó.
Por otro lado, manifestó su descontento por la poca relevancia que han tenido estas instituciones que abordan la salud mental y los consumos problemáticos: «Queremos dejar en claro que no estamos en contra de la cuarentena, pero en este contexto ha sido muy hegemónico lo estrictamente epidemiológico, y aquello que tiene que ver con la salud mental no ha tenido en la agenda pública la misma relevancia».
Este contexto ha tenido efectos en las personas que ellos atienden: «Lo grave en todo este momento es que a partir de la cuarentena los circuitos por los cuales circulaban los usuarios han sido cortados. Esto ha tenido distintos efectos, como agudizaciones de estados de abstinencia o tener que recurrir a situaciones de riesgo para conseguir sustancia. Esta situación a agudizado las situaciones críticas».
Es por eso que están solicitando retornar a la actividad de forma presencial: «Estamos elevando un protocolo para retomar lo antes posible los tratamientos ambulatorios. Nos parece imprescindible que se nos autorice esa modalidad porque hay muchísimos usuarios que han quedado fuera del sistema de atención».
«Es lamentable que el Estado no responda en tiempo y forma. Esto pone en evidencia que las políticas públicas en materia de consumo en la provincia de Santa Fe se sostienen en un 90% gracias a estas organizaciones», concluyó.