Sin que saliera a la luz pública, en los últimos días estalló una minirrebelión en la Cámara de Diputados : representantes de casi todos los bloques forzaron al presidente del cuerpo, Emilio Monzó, a atenuar una resolución que restringía el uso de los pasajes que reciben todos los meses los legisladores. Son 20 tramos aéreos y 20 terrestres, que, en caso de no usarse, pueden canjearse por dinero en efectivo.

En un intento por reducir costos y ordenar un tema que genera indignación en un sector de la opinión pública, Monzó dictó cuatro resoluciones desde mediados del año pasado. Las últimas dos se publicaron con solo 12 días de diferencia. En la anteúltima, se ratificaron restricciones para acotar el uso discrecional de los cuarenta pasajes, en línea con la primera resolución, de mediados del año pasado. En la última, del lunes pasado, se suavizaron las limitaciones para utilizar los tramos aéreos y se eliminó toda regulación para los terrestres.

¿Qué pasó en el medio? Referentes de bancadas del oficialismo y de la oposición «le saltaron al cuello» a Monzó, según relató un diputado opositor. Los reclamos más enérgicos provinieron de los legisladores del interior, más necesitados de los traslados para ellos y sus colaboradores. El descontento fue tan extendido y transversal que el presidente de la Cámara accedió, aunque de manera parcial, a volver sobre sus pasos. Sostuvo unas pocas restricciones, que todavía le generan críticas de muchos diputados. Se quejaron, al menos, desde Cambiemos, el Frente para la Victoria (FPV), Argentina Federal y el Frente Renovador.

Si bien el conflicto se aceleró en las últimas semanas, empezó el 27 de junio del año pasado. Aunque no tocó el canje de los pasajes por dinero, una de las cuestiones más criticadas, el presidente de la Cámara restringió, por medio de la resolución 568/17, el uso de los pasajes «innominados». Son 8 de los 20 tramos aéreos y la totalidad de los terrestres. No llevan el nombre del diputado y pueden ser usados por otras personas. Para evitar que se utilizaran en cuestiones ajenas a la tarea legislativa, Monzó dispuso que los pasajes innominados solo podían ser usados por empleados del legislador o de su bloque.

La reforma se sumó a otras dos medidas que quedaron firmes, tomadas en 2016. La primera: la digitalización en la emisión de los pasajes, que obligó a los diputados a informar la identidad del pasajero, la fecha del viaje, el origen y el destino. Antes, el legislador disponía de vouchers que manejaba sin limitaciones.

La segunda: los tramos no utilizados vencen al final de cada mes, lo que impide que, como pasaba hasta entonces, los diputados se lleven grandes montos de dinero extra al final de su mandato.

Por cada pasaje aéreo reciben 1350 pesos; por cada tramo terrestre, 650 pesos. Si los canjean todos, cobran 40.000 pesos, que se suman a 93.000 pesos netos de dieta y a 20.000 de gastos de representación. Una paradoja: a la Cámara de Diputados le sale más barato pagar a los legisladores por los pasajes no usados que pagarles a las compañías aéreas y de ómnibus por los tramos que sí se utilizan.

La reglamentación iba a regir desde el 1° de diciembre pasado, pero nunca llegó a aplicarse. El 20 de ese mes, Monzó dictó una nueva resolución (1237/17) para prorrogar la entrada en vigor hasta el 1° de enero. En la tercera resolución (118/18), del 21 de febrero, hizo la primera concesión: resolvió que los pasajes «innominados» podían ser usados por un listado de cuatro usuarios seleccionados por el diputado, sean o no empleados de la Cámara. La medida entraría en vigor el 12 de marzo.

Con los legisladores ya de regreso de sus vacaciones y dispuestos a empezar el año parlamentario, las quejas se multiplicaron. El día de la Asamblea Legislativa, se habló del tema en las bancas y en los pasillos. Un dato enardeció aún más a los diputados: en el Senado se paga más por los pasajes canjeados y no rigen las mismas restricciones que en la Cámara baja. Gabriela Michetti bajó costos con limitaciones en el uso de autos oficiales, pero todavía no modificó el sistema de pasajes. «Vamos en esa dirección», dijeron en su entorno. Al día siguiente de la apertura de sesiones, Monzó firmó la cuarta y última resolución (220/18), publicada el lunes 5 de marzo.

La nueva reglamentación, que entra en vigor pasado mañana, amplió de cuatro a ocho la lista de usuarios de los pasajes aéreos «innominados» y eliminó las restricciones para los tramos terrestres. El acuerdo incluyó una cuota extra de pasajes aéreos «innominados» y de tramos terrestres para los bloques. Autoridades de Diputados dijeron a LA NACION que esos tramos ya se entregaban a las bancadas y que lo único que se hizo fue establecer de manera transparente la cantidad que recibirá cada espacio. Las restricciones que quedaron en pie, evaluaron, van a desalentar el uso de los pasajes, lo que implicará un ahorro para la Cámara.

Los diputados prefieren no hablar del tema en público. En off the record, sostienen que Monzó «impuso un ajuste» sin tener en cuenta el uso que suele dárseles a esos pasajes. «Los usamos para nuestro trabajo como diputados y para hacer política territorial. Tenemos que viajar a Buenos Aires, pero además debemos estar en distintos pueblos para acercarnos a diferentes problemáticas», dijo a LA NACION un diputado del Bloque Justicialista. Un integrante de Cambiemos dio otro argumento: «Los pasajes son una herramienta para dar respuesta a la demanda de la gente: estudiantes de bajos recursos que necesitan hacer un trámite en la Capital, personas que se tienen que operar, o chicos que viajan para un torneo de esgrima».

Detalles de una pelea silenciosa

Cómo estalló la presión por los pasajes de los diputados

• Emilio Monzó, presidente de Diputados: Desde mediados del año pasado, dictó cuatro resoluciones para restringir el uso de los pasajes de los diputados. Cada legislador recibe por mes 20 tramos aéreos y 20 terrestres.

Nuevas reglas

La primera resolución, de junio de 2017, dispuso que los pasajes aéreos y terrestres solo podían ser usados por los diputados, y por sus empleados de su despacho y de su bloque.

Resistencia y concesiones

La regulación debía entrar en vigor el 1° de diciembre, pero nunca llegó a aplicarse, por resistencia de casi todos los bloques. Monzó sacó una nueva resolución en febrero, pero debió atenuarla 12 días más tarde por nuevas quejas de los diputados.

FUENTE: La Nación