El gobierno francés fijó distancias mínimas para la aplicación de tratamientos fitosanitarios en los campos que estén cerca de viviendas. Por lo tanto, desde el próximo año no se podrán pulverizar árboles a menos de 10 metros de hogares ni aplicar pesticidas a otros cultivos a menos de 5 metros de casas.
Luego de una investigación de la Agencia Nacional de la Seguridad Sanitaria de la Alimentación, el Medio Ambiente y el Trabajo (Anses), el gobierno francés anunció que “con carácter general” la distancia será de 10 metros para la pulverización de árboles, viñas y otras plantas de altura y de 5 metros para el resto.
En tanto el ministro de Salud, Agnès Buzyn; junto al de Agricultura, Didier Guillaume, y la titular de Transición Ecológica, Elisabeth Borne, anunciaron hoy a través de un comunicado que desde el lunes próximo y durante tres semanas se abrirá una consulta pública sobre la utilización de fitosanitarios en torno a las casas.
Al término de ese debate público, llegarán los decretos que se aplicarán desde el 1 de enero de 2020, que además de fijar las distancias mínimas con carácter nacional abrirán la puerta a acuerdos entre agricultores, vecinos y representantes políticos en los departamentos del país.
En este sentido, se estima que en las normas departamentales se podrán reducir las distancias a 3 y 5 metros siempre que se utilice maquinaria de pulverización más eficiente, pero también adaptarlas para tener en cuenta los dictámenes de la Anses a partir de nuevos trabajos técnicos y científicos.
Las distancias propuestas por el Gobierno están muy por debajo de los 150 metros que estableció el alcalde de la localidad de Langouët (Bretaña, noroeste de Francia), Daniel Cueff, en un decreto municipal que durante semanas levantó una gran polémica, a la que salieron a responder organizaciones ambientalistas.
Tras su publicación en mayo, la decisión de Cueff para la entrada en vigor de la iniciativa en el pueblo de 600 habitantes fue rápidamente recurrida ante la justicia por la Prefectura (delegación del Gobierno), con el argumento de que una administración municipal no es competente para adoptar ese tipo de medidas, informó EFE.
Luego de la presentación judicial, el Tribunal Administrativo de Rennes dio la razón a la Prefectura y el 27 de agosto pasado suspendió el decreto de Langouët.
Sin embargo, lejos de apagar la polémica, la iniciativa levantó una mayor atención por el riesgo de contaminación de las personas que viven en torno a campos tratados con fitosanitarios, lo que obligó al gobierno a intervenir.