El pedido lo formuló la fiscal Luciana Vallarella para el acusado, identificado como Héctor C. (de 60 años), durante la primera jornada del juicio oral iniciada ayer
El pedido lo formuló la fiscal Luciana Vallarella para el acusado, identificado como Héctor C. (de 60 años), durante la primera jornada del juicio oral iniciada ayer, que busca ventilar los delitos de acoso, abuso y amenazas que se le atribuye al acusado, ocurridos entre 2015 y 2020.
Además, el procesado enfrenta cargos por amenazas coactivas por el uso de armas, ya que las nueve víctimas coinciden en que siempre portaba armas.
Se trata de un ex policía que contaba con una vieja condena por apremios ilegales durante su desempeño en la tarea pública y que luego se transformó en la máxima autoridad del templo evangélico Tabernáculo de Restauración, ubicado en José Batlle y Ordóñez al 1800, zona sur de Rosario.
«Es un juicio muy importante porque son nueve hechos contra mujeres, de las cuales dos eran menores y todas asistían a una iglesia evangélica que era dirigida por el acusado», señaló ante los medios Vallarella.
«El debate se va a centrar en quién era esta persona porque con su autoridad pudo abusar de la vulnerabilidad de estas mujeres que asistían a la iglesia en situaciones de mucha necesidad», detalló.
Para la fiscal, la situación de «autoridad y jerarquía religiosa» que revestía el cargo del acusado permitió que los abusos se sostuvieran en el tiempo y actuara con impunidad.
De acuerdo a la investigación, el acusado amedrentaba y hostigaba a las mujeres víctimas de abuso, a través de mensajes enviados por las redes sociales WhatsApp y Facebook, manipulándolas con pasajes religiosos.
Además, desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA), detallaron que los abusos ocurrieron en el templo; otros en un fábrica de botellas de plástico, de 27 de Febrero y Entre Ríos; en una hogar que era parte de la iglesia, donde hospedaba mujeres; y otros en un descampado situado detrás del cementerio de Villa Gobernador Gálvez.
El tribunal a cargo del debate oral y público está integrado por los jueces Gonzalo López Quintana, Carlos Leiva y Lorena Aronne y prevén que las audiencias lleven aproximadamente dos semanas, según indicaron fuentes del MPA.