El Ministerio Público de la Acusación abrió una causa penal contra al menos 20 agentes pasados a disponibilidad tras la protesta frente a la Jefatura de zona sur
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó la apertura de una investigación penal contra al menos 20 policías que fueron pasados a disponibilidad luego de la protesta realizada este martes frente a la Jefatura de Policía de Rosario, en Ovidio Lagos al 5200, en el marco del reclamo por mejoras salariales y laborales.
La Fiscalía Regional 2 inició una investigación penal preparatoria ante la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, a partir de actuaciones remitidas por el área de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Seguridad. Según el comunicado oficial, de esos informes “surgiría en principio que personal policial no habría cumplido con el servicio al que estaba afectado”.
Las medidas investigativas estarán a cargo de la Unidad de Flagrancia y Turno y de la Unidad Fiscal Especializada en Corrupción Funcional y Violencia Institucional, que también analizarán si la conducta atribuida a los agentes “pudo haber comprometido la seguridad pública”.
Reclamo salarial y respuesta punitiva
La protesta policial comenzó durante la madrugada del martes y se reanudó por la mañana, con la participación de agentes, familiares y allegados, quienes reclamaron por las mejoras salariales anunciadas por el Gobierno provincial, consideradas insuficientes. La manifestación incluyó la presencia de móviles policiales con sirenas encendidas frente a la Jefatura, aunque desde el propio Ejecutivo reconocieron que el patrullaje en la ciudad “se sostuvo con esfuerzo”.
Desde el Gobierno de Santa Fe, la respuesta fue endurecer la postura. El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó el pase a disponibilidad de los agentes involucrados y advirtió contra el abandono de funciones, diferenciando —según su mirada— un “reclamo legítimo” de lo que definió como “intereses particulares y sectoriales” que habrían impulsado acciones “violentas y antijurídicas”.
Sin embargo, la decisión de avanzar con una investigación penal contra los efectivos desplazados profundizó el malestar y abrió un nuevo frente de conflicto, al instalar un escenario de judicialización del reclamo en un contexto de salarios deteriorados y condiciones laborales cuestionadas dentro de la fuerza.
Un conflicto abierto
Mientras el Ejecutivo provincial defiende su política de seguridad y respalda a la cúpula policial, el trasfondo del conflicto sigue siendo la discusión salarial y laboral, en un contexto económico adverso y de fuerte ajuste. La protesta dejó al descubierto tensiones internas en la fuerza y un esquema de respuesta estatal que prioriza el disciplinamiento antes que la resolución de fondo del reclamo.
La investigación del MPA avanza en paralelo a un conflicto que, lejos de cerrarse, sigue generando interrogantes sobre el derecho a reclamar, los límites impuestos a las fuerzas de seguridad y el uso del aparato punitivo del Estado frente a demandas laborales.