Presentaron una denuncia formal contra la ex presidenta de facto por los delitos, cometidos en el contexto del golpe de Estado en el vecino país
La Fiscalía General de Bolivia presentó hoy una acusación formal contra la expresidenta de facto, Jeanine Áñez (2019-2020) «por hechos calificados provisoriamente como genocidio, lesiones graves» y «lesión seguida de muerte», en el contexto del golpe de Estado contra Evo Morales, y pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que requiera con urgencia la autorización del parlamento para continuar el proceso.
«La Fiscalía General del Estado comunica a la población boliviana que presentó el día de hoy ante el Tribunal Supremo de Justicia requerimiento acusatorio contra la ciudadana Jeanine Áñez Chávez por hechos calificados provisionalmente como genocidio, lesiones graves y leves y lesión seguida de muerte», informó el fiscal Juan Lanchipa, citado por la agencia boliviana de noticias ABI.
El jefe del Ministerio Público anunció su decisión en conferencia de prensa en la ciudad sureña de Sucre, donde tiene su oficina, mientras un grupo de expertos internacionales estableció que el Gobierno de Áñez cometió masacres.
La autoridad fiscal aseguró que el requerimiento acusatorio presentado por el Ministerio Público en relación a los hechos que provocaron la muerte de 20 personas y varias decenas de heridos, se funda en los principios de «objetividad y transparencia», en el desarrollo de la etapa de acumulación de antecedentes prevista en la Ley 044, del país.
«El Ministerio Público, reafirma su compromiso con el país de lucha contra la impunidad y búsqueda de justicia», sostuvo el Fiscal General del Estado.
El ex presidente Evo Morales renunció el 10 de noviembre de 2019 ante una «sugerencia» de jefe de las Fuerzas Armadas, tras 21 días de protestas callejeras, de un amotinamiento policial y en medio de denuncias de irregularidades en el recuento de las elecciones presidenciales del mes anterior, que había dado ganador al mandatario, en el poder desde 2006.
Áñez, entonces vicepresidenta segunda del Senado, asumió la Presidencia dos días después en una polémica sesión sin quórum debido al boicot del partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS).
En diciembre de 2019, la OEA emitió un informe final sobre los comicios del 20 de octubre en el que denunció tácticas «deliberadas» y «maliciosas» para inclinar las elecciones hacia Morales pero dos análisis independientes separados rechazaron las afirmaciones y desestimaron el análisis estadístico sobre el que se basaban.
Un total de 37 manifestantes murieron en noviembre en la represión de protestas contra el golpe de Estado en las ciudades de Sacaba y Senkata por parte de fuerzas de seguridad que habían recibido garantías de inmunidad por parte de Áñez.
Añez cumplió está bajo prisión preventiva desde su detención, el 13 de marzo de este año, en Beni. Entonces, la exmandataria era sindicada por sedición y terrorismo, por los hechos que desencadenaron en la renuncia de Evo Morales, en noviembre de 2019.
El martes, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigaron los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, presentaron oficialmente un documento en el que recomendó al Ministerio Público que haga una revisión escrupulosa «de todos los casos en curso o cerrados, con los principios de debida diligencia y debido proceso a los acusados».
En su informe, el GIEI recomendó, entre varios puntos, que el Ministerio Público conforme, a corto plazo, con el apoyo de la cooperación internacional, grupos de trabajo especializados a nivel departamental para que investiguen, de manera coordinada a nivel nacional, los hechos ocurridos durante la crisis de 2019.
En la actualidad, en la Asamblea Legislativa Plurinacional se encuentran en trámites tres proposiciones de juicio de responsabilidades en contra de Añez.
Se trata de las denuncias por la aprobación del crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) de más de 300 millones de dólares sin aval de la ALP, por la ampliación del contrato de concesión del servicio de Fundempresa y por la supuesta vulneración de los derechos de la libertad de expresión con la puesta en vigencia del Decreto Supremo 4200, según el sitio Brújula Digital.