La fiscalía general de Bolivia acusó este miércoles al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien reside en Estados Unidos, por daños económicos al Estado en el proceso de privatización de los ferrocarriles en la década de 1990.
El fiscal general, Ramiro Guerrero, informó que entregó a la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia «la proposición acusatoria en el marco de proceso denominado ENFE, referido a la capitalización de esta empresa» que administraba los ferrocarriles estatales.
Junto a Sánchez de Lozada fueron incriminados 18 de sus exministros y excolaboradores por «delitos de Contratos Lesivos al Estado, Incumplimiento de Deberes, Conducta Antieconómica y Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes», informó Guerrero.
De acuerdo a la acusación, la administración de Sánchez de Lozada adjudicó aparentemente subvaluada una línea de ferrocarriles a la firma chilena Cruz Blanca, lo que causó al país un perjuicio de 20 millones de dólares.
Sánchez de Lozada llevó adelante la privatización de empresas públicas durante su primera gestión entre 1993 y 1997.
Pero un hecho ocurrido entre 2002 y 2003, durante su segundo mandato (que quedó inconcluso tras su dimisión), ya había llevado al expresidente a la justicia este año.
Entre abril y mayo, el exmandatario enfrentó un juicio en Estados Unidos por una masacre en Bolivia en 2003, en un episodio conocido como «la guerra del gas», que motivó su dimisión y posterior salida del país.
Un juez estadounidense rechazó la demanda planteada por ocho familiares de víctimas, por considerar que carecía de evidencia suficiente. De ese modo, el magistrado desestimó la decisión previa de un jurado que había hallado responsable a Sánchez de Lozada de la represión militar que dejó más de 60 muertos y unos 400 heridos.