Liderados por Irma Llano, la delegada de delitos informáticos, expusieron el esquema mafioso que robó información de periodistas y políticos
“Estamos ante el esquema de inteligencia ilegal más grande de la República de Paraguay, que en este caso particular atacó directamente la libertad de prensa de los principales medios del país”, aseguró la fiscal Irma Llano en diálogo con Infobae. “Se trató de un esquema mafioso”, afirmó.
En lo que ya parece una una serie de Netflix o una película -por sus vinculaciones políticas, espionaje y corrupción en plena pandemia del coronavirus- el equipo compuesto por Llano, los también fiscales Silvana Otazu y Juan Olmedo, con apoyo de la procuradora general Sandra Quiñonez, desmanteló una red que espiaba a decenas de personas.
“Esta es una investigación compleja pero estamos comprometidos a llegar hasta los últimos responsables”, aseguró Quiñonez a Infobae. “Yo estoy comprometida con la libertad de prensa, la libertad de las personas y la lucha contra la corrupción; y asumí el compromiso de investigar y demostrar que ningún ciudadano paraguayo puede promover, fomentar, organizar o investigar, en forma paralela para beneficios ilegales”, agregó.
Todo empezó a finales de marzo cuando el prestigioso periodista Clari Arias denunció que había sufrido un «acceso indebido” a su línea de teléfono celular y a sus aplicaciones de mensajería y redes sociales. Dos días después otro periodista, Jorge Torres, hizo la misma acusación. Y, finalmente se sumó el diputado independiente Carlos Rejala.
“Parecían casos aislados pero a medida que avanzamos en la investigación nos percatamos que un mismo grupo estaba espiando a periodistas y políticos así que nos preguntamos qué tenían en común las víctimas: todas estaban investigando o denunciaban hechos de corrupción y sobrefacturación en el sector farmacéutico, relacionado a la compra que el Estado Paraguayo debía realizar por la emergencia sanitaria”, explicó Llano.
En el curso de la investigación, “que contó con arrepentidos que colaboraron con información sensible”, el equipo de fiscales identificó a dos responsables de la trama.
El primero era Luis Bordón. Se trata de un hacker profesional que fue juzgado por otro escándalo de espionaje conocido como el “M31”, cuando en plena campaña política en 2018 filtró conversaciones telefónicas de políticos y empresarios vinculados al entonces Gobierno de Horacio Cartes. Bordón estaba en libertad condicional hasta que Llano y su equipo lo arrestaron días atrás. Bordón, explica la fiscal, sería el “profesional” contratado para espiar.
La otra persona vinculada a la red era quien supuestamente contrató al hacker, Fabián Martí. El ahora imputado por “acceso indebido y asociación criminal y producción de documentos no auténticos” era hasta que estalló el escando -y fue arrestado- el Presidente del Tribunal Electoral del mayor partido de oposición en el país, el Partido Liberal Radical Auténtico de Paraguay, y está directamente vinculado a su titular, Efraín Alegre.
Según descubrieron, la red logró duplicar las SIM cards de los dos prestigiosos periodistas y del parlamentario. ¿Cómo lo hicieron? Primero identificaron las líneas, luego realizaron una “minicarga” de manera presencial, y se hicieron de la identidad plena de la víctima. Una vez concretada la suplantación de identidad, solicitaron la reimpresión del chip y una vez obtenida la nueva tarjeta la colocaron en un smartphone desbloqueado y, sin que el verdadero dueño de la línea lo notara, accedieron a toda la información de sus aplicaciones de chat, como Whatsapp.
Las autoridades explican que no fue un sistema de clonación sino que directamente suplantaron los chips, con lo cual pudieron acceder a todas las aplicaciones y a la información sensible que allí se almacenaba.
Bordón, a pedido de Martí, habría robado todos esos datos en tiempo récord. Las víctimas se percataron de lo ocurrido recién cuando no pudieron acceder a su cuenta de WhatsApp, experimentaron problemas para acceder a sus línea telefónica o no lograban cobertura.
“Esto expone la vulnerabilidad de las telefónicas, que deben mejorar la protección de sus clientes porque todos los paraguayos estamos totalmente expuestos”, aseguró la fiscal. Llano, además recalca la importancia de las organizaciones internacionales de prensa como el Comité para la Protección de los Periodistas, la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH, Unesco y Reporteros sin Fronteras, que colaboraron con la Justicia.