El funcionario Ramiro González ordenó diversas medidas para determinar si la magistrada recibió presiones para avanzar en la causa por la firma del Memorándum con Irán
El fiscal federal Ramiro González pidió hoy medidas de prueba para avanzar en una investigación para determinar si una jueza fue presionada en una causa contra la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
Se trata de la causa por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán por la cual Cristina está imputada y a raíz de las propias declaraciones que formuló en la prensa la jueza de Casación Ana María Figueroa.
Figueroa dijo que recibió presiones durante el gobierno de Mauricio Macri cuando tuvo que decidir la continuidad de esa causa, y en ese sentido, sostuvo que un entonces funcionario del Ministerio de Justicia la visitó en su despacho.
«No lo tengo muy presente, porque teníamos infinidad de causas, pero me parece que fue el de la inconstitucionalidad del Memorándum con Irán», dijo Figueroa y si bien en un primer momento la ex presidenta lo atribuyó la visita al entonces funcionario Juan Mahiques, luego la propia jueza desmintió que fuese él.
Ahora, el fiscal Ramiro González, quien tiene delegada la investigación, avanzó en la denuncia que presentó Martín Ignacio Soria, diputado nacional por la Provincia de Rio Negro, con el objeto de que se investigue la posible comisión de los delitos de amenazas coactivas agravadas a la jueza.
A esa denuncia se sumó otras presentadas por otros diputados y senadores del Frente de Todos, contra el ex presidente Mauricio Macri y su «mesa judicial».
El fiscal pidió a la emisora donde la jueza hizo las declaraciones que remitan el audio original, y «en atención a la repercusión mediática de los hechos denunciados, compulsé el Sr. Actuario la red social Twitter con el objeto de verificar si se produjeron manifestaciones de relevancia para las presentes actuaciones».
«Tales maniobras fueron planificadas, dirigidas y ejecutadas desde una denominada Mesa Judicial integrada nada más ni nada menos que por el ex Presidente de la Nación, funcionarios de su gobierno y operadores judiciales, entre los que cabe mencionar, a título enunciativo y no taxativo, al ex Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Germán Garavano, el ex Secretario de Asuntos Penitenciarios, Subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y, a la vez, representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, Dr. Juan Bautista Mahiques, el ex titular de la AFI, escribano Gustavo Arribas, los ex Secretarios de Estado, Ores. José Torello y Pablo Clusellas, el ex Procurador del Tesoro de la Nación, Dr. Bernardo Saravia Frías y los abogados Fabián (Pepín) Rodríguez Simón y Daniel Angelici», concluye la denuncia.