Sobre el total de los casos hay 38 fallecidos
La crisis sanitaria por el fentanilo contaminado continúa creciendo en Argentina: según el último Boletín Epidemiológico Nacional, ya son 62 los casos detectados en todo el país, de los cuales 39 corresponden a Santa Fe. La situación ya se cobró la vida de 38 pacientes, todos ellos internados previamente por otras afecciones y que recibieron ampollas del medicamento producido por el laboratorio HLB Pharma.
El informe precisa que todos los casos fueron registrados entre el 10 de febrero y el 9 de mayo, antes de que la ANMAT emitiera una alerta oficial el 8 de mayo. Desde entonces, no se notificaron nuevos casos, lo que sugiere que el retiro de los lotes contaminados tuvo efecto. Sin embargo, la justicia federal y el Ministerio de Salud siguen investigando la posible responsabilidad del laboratorio y de sus distribuidores.
De acuerdo al Boletín, los fallecidos eran en su mayoría hombres de edad promedio de 57 años y se encontraban internados por otras patologías cuando recibieron fentanilo. En todos los casos se les administraron ampollas de los lotes sospechados producidos por HLB Pharma. El plazo entre la administración del medicamento y la muerte fue, en promedio, de 12 días.
A raíz de estos datos, la justicia ordenó la retención y retiro inmediato de los lotes 31202, 31244 y 31200. También se pidió a ANMAT que se comunique con todas las droguerías del país para determinar cuántas unidades fueron adquiridas, distribuidas y si hay aún stock en circulación.
En paralelo, 38 hospitales de distintas provincias activaron protocolos de vigilancia epidemiológica, mientras que la Policía Federal Argentina fue autorizada a realizar inspecciones y allanamientos para incautar el producto. Una de las inspecciones se llevó a cabo en la droguería rosarina Nueva Era, que había distribuido parte del lote cuestionado.
¿Negligencia o sabotaje?
La trama se complejiza con una denuncia presentada por HLB Pharma, que asegura haber sufrido un acto de sabotaje apenas dos días antes del alerta de ANMAT. Según la empresa, desconocidos ingresaron a la oficina de Garantía de Calidad y destruyeron documentación clave, además de borrar registros de cámaras de seguridad y sustraer una caja fuerte con respaldos digitales.
Sin embargo, la denuncia judicial por este hecho fue considerada poco precisa y tardía, y hasta el momento no se avanzó con imputaciones penales. La investigación, liderada por el juez federal Ernesto Kreplak, apunta tanto al laboratorio HLB Pharma como a su socio Laboratorios Ramallo.
Una advertencia ignorada
La doctora Florencia Prieto, infectóloga del Sanatorio Garat de Concordia, reveló que ya en 2023 su equipo había denunciado a HLB Pharma por un brote de infecciones provocadas por dexametasona contaminada, también producida por ese laboratorio. Las ampollas presentaban bacterias idénticas a las detectadas ahora: Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae.
“La respuesta oficial minimizó el problema, quizás por venir del interior”, lamentó la médica entrerriana. En esa oportunidad lograron contener el brote, pero la falta de acción por parte de ANMAT dejó una puerta abierta que hoy se traduce en una crisis nacional.
Qué es el fentanilo y por qué preocupa
El fentanilo es un opioide sintético 100 veces más potente que la morfina. Se utiliza en situaciones clínicas críticas, especialmente en terapias intensivas y en pacientes que requieren asistencia respiratoria. Aunque su uso en Argentina está regulado y restringido al ámbito hospitalario, su manipulación inadecuada o contaminación puede ser letal.
A diferencia de lo que ocurre en países como Estados Unidos, donde el fentanilo también circula de forma ilegal, en Argentina la cadena de distribución se mantenía bajo control. El escándalo con HLB Pharma, sin embargo, deja en evidencia las fallas en los sistemas de control y fiscalización.
Los 38 fallecidos por esta causa no murieron por sobredosis ni por mal uso, sino por falta de garantías sanitarias en la producción de un medicamento crítico. Algunos de ellos podrían haber sido salvados si la advertencia desde Concordia en 2023 hubiera sido tomada en serio.
La justicia, ahora, investiga si hubo negligencia, encubrimiento o sabotaje. Pero las familias de los afectados ya no esperan respuestas técnicas: esperan justicia.