Según informó el Observatorio de Violencias por Motivos de Género “Mercedes Pagnutti”, en el año hubo 344 femicidios, feminicidios y trans/travesticidios en Argentina
El Observatorio de Violencias por Motivos de Género “Mercedes Pagnutti”, que tiene como referente a la concejala rosarina Norma López, relevó entre enero y diciembre de este año 344 femicidios, feminicidios y trans/travesticidios en Argentina, de los cuales 55 fueron en territorio santafesino y de ellos 43 en Rosario. Del total en el país, 333 fueron víctimas de femicidios directos y 11 femicidios vinculados (9 varones y 2 mujeres), y 228 niñeces y adolescencias quedaron sin madre.
La tasa anual cada 100.000 habitantes es 0,75 femicidios, trans/travesticidios, y si se construye la tasa en referencia a la población femenina, cada 100.000 mujeres es 1,45.
En el territorio nacional, la cifra más alta de femicidios corresponde a la tipificación «íntimos», con un total 166 (48,3% de los datos). Este número, que representa historias de vida, es mayor al relevado en 2022, año en el que se produjeron 127 (42,05% de los datos) femicidios íntimos de un total de 307 en todo el país. Sin embargo, la expresión de violencia extrema que se cobra la vida de mujeres, travestis y trans, es alarmante si observamos que los femicidios No íntimos (28: 8,1% de los datos) y Familiares (22 : 6,4% de los datos) dan cuenta de los vínculos violentos que atraviesan mujeres y diversidades en su vida cotidiana, no sólo en el contexto íntimo e intrafamiliar, sino también en instituciones, espacios de trabajo, barrio, y comunidades a las que pertenecen.
La conquista de derechos en materia de políticas de prevención y erradicación de la Violencia por Motivos de Género (VMG), desde la tipificación del femicidio hasta las medidas punitivas, programas de acompañamiento y de reparación, han demostrado la necesidad de continuar profundizando a lo largo y ancho del país, políticas transversales para su correcto abordaje multidisciplinario. Esto implica una contundente y necesaria articulación del estado nacional, provincial y municipal junto al poder judicial y las organizaciones que trabajan la temática y realizan el acompañamiento de personas.
Ahora bien, «el ajuste que propone el gobierno nacional sobre el Ministerio de las mujeres, género y diversidad convirtiéndolo en una Subsecretaría de protección contra la violencia de género, significa un cambio de enfoque y la pérdida de autonomía en las decisiones que se plasman en derechos para toda la ciudadanía, de la mano de una reducción presupuestaria, de personal idóneo representados por equipos interdisciplinarios para la atención y abordaje integral, y prevención de Femicidios y trans/travesticidios».
«El gobierno de ultraderecha de Javier Milei abre un sinfín de incertidumbres, en relación a las políticas de género e igualdad y abre una crisis política e institucional que arroja una única certeza: contempla sólo a la mujer cis como persona en situación de Violencia por Motivos de género, dejando de lado a las disidencias, las niñeces y adolescencias.
Este retroceso, no sólo impacta en las redes de cuidados -tanto institucionales, de la sociedad civil y como las de la comunidad-, sino también en la calidad de vida de las personas que se encuentran en situación de VMG. Sabemos que la dependencia económica y habitacional, es una de las variables más contundentes a la hora de realizar una denuncia cuando una mujer o disidencia se encuentra en riesgo», detalla la organización.
En este sentido, durante el 2023 el Observatorio Mercedes Pagnutti relevó los siguientes datos: 56 víctimas de femicidio (16,3 % de los datos) realizaron reiteradas denuncias que resultaron en medidas cautelares incumplidas por parte de los femicidas; por otro lado, 33 víctimas de femicidios (9,6% de los datos) se encontraban en situación de VMG, sin denuncias realizadas pero con antecedentes expresados por familiares y conocidos.
La alarmante cifra, que implica 89 historias de vida arrasadas por un sinfín de denuncias, y por un circuito estatal que no puede alojar esas demandas previas al femicidio, visibilizan la urgencia de poner en tensión la ineficacia de las medidas cautelares por VMG, que hoy, representan una instancia más de desprotección: los agresores incumplen las perimetrales decididas por jueces con escasa sanción.
Feminización de la pobreza y femicidios en contexto de criminalidad:
Desde el año 2018, el Observatorio Mercedes Pagnutti releva los femicidios en CC. En el año 2022 del total de 307 femicidios y trans/travesticidios, 67 (22,19% de los datos) fueron en contexto de criminalidad, de los cuales 54 se ejecutaron en la Provincia de Santa Fe, encabezado este fenómeno por el Departamento Rosario con 52 femicidios en CC (83,9% del total de los datos correspondientes a nuestra provincia).
El total de la provincia de Santa Fe en 2023 fue de 55 femicidios, trans/travesticidios, con una concentración en la ciudad de Rosario, 43 asesinatos (78%).
La tasa anual cada 100.000 habitantes es 1,6 femicidios, trans/travesticidios, y si se construye la tasa en referencia a la población femenina, cada 100.000 mujeres es 3,0.
A su vez, 40 niñeces y adolescencias de nuestra provincia, quedaron sin madre.
«Cuando nos detenemos sobre los datos de tipos de femicidios se observa que el comportamiento es inverso a lo que ocurre en el país, 9 (16%) son en contexto íntimo y 37 (67%) en contexto de criminalidad».
En el departamento Rosario, se produjeron 43 femicidios trans/travesticidios, que representan el 78% de los ocurridos en la provincia, y con comportamiento inverso a la tendencia nacional para 2023, 34 (80%) son en un marco de criminalidad, 3 (7%) son íntimos y 4 (9%) son no íntimos.
En Rosario la tasa por cada 100.000 habitantes es 3,2 femicidios, trans/travesticidios,y si no remitimos exclusivamente a la población femenina, por cada 100000 mujeres asciende a 6,2 femicidios.
La tasa en Rosario supera a la tasa provincial en un 100% y a la tasa nacional en más de un 400% para el período 2023, y 32 niñeces y adolescencias sin madre.
Las mujeres son quienes llevan adelante las tareas de cuidados de la población desde organizaciones comunitarias y también son quienes más denuncian las situaciones de violencias territoriales e injusticias sociales. El crimen organizado disciplina con sus herramientas a quienes alzan sus voces por sectores más vulnerables –incluso cooptando personas para sus negocios ilícitos- y el Estado está en falta en combatir las mafias con políticas transversales y de inclusión.