El canciller, Jorge Faurie, aseguró este miércoles que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, «debe dar un paso al costado», pero destacó que la crisis en ese país «no se puede resolver por la vía de la fuerza».
El ministro de Relaciones Exteriores y Culto reiteró que el Gobierno de Mauricio Macri reconoce como autoridad del país caribeño a Juan Guaidó, quien en las últimas horas llamó a mantener las protestas contra Maduro, tras el alzamiento de un grupo de militares, y pidió a las Fuerzas Armadas «seguir avanzando» en acciones para deponer al mandatario.
«En esto hemos tenido una actitud muy racional: no creemos que se pueda solucionar por la vía de la fuerza, porque tendría consecuencias para el pueblo de Venezuela y también afectaría a la región», aseguró el canciller.
En declaraciones al canal A24, el jefe de la diplomacia argentina consideró que la situación en el país caribeño se debe resolver a través de «la presión internacional» que obligue a la salida de Maduro del poder.
«Hay que buscar la presión internacional que persuada a Maduro de que su paso al costado el vital», resaltó el funcionario argentino.
El canciller se expresó así luego de la última declaración del Grupo Lima, que integran Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, en la que se respaldó el «proceso constitucional y popular emprendido por el pueblo venezolano, bajo el liderazgo del Presidente Encargado, Juan Guaidó».
El bloque exigió «el pleno respeto a la vida, la integridad y la libertad de todos los venezolanos, y en particular, de todos los miembros de la Asamblea Nacional y de todos los líderes de las fuerzas políticas democráticas venezolanas, así como la liberación inmediata de los presos políticos».
Además, los países del Grupo Lima renovaron «su llamado a la Fuerza Armada Nacional de Venezuela para que manifieste su lealtad a Guaidó, en su función constitucional de Comandante en Jefe de la misma; y para que, fieles a su mandato constitucional de estar al servicio exclusivo de la Nación y no al de una persona, cesen de servir como instrumentos del régimen ilegítimo para la opresión del pueblo venezolano y la violación sistemática de sus derechos humanos».