El canciller Jorge Faurie participará este jueves del Capítulo Buenos Aires del Proceso de Quito, una iniciativa internacional dedicada a tratar la problemática regional del flujo masivo de migrantes y refugiados venezolanos, que deliberará hoy y mañana en el Palacio San Martín.
Tras su intervención en el encuentro, a las 13, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto ofrecerá una rueda de prensa en la sede de la cartera, según señaló la Cancillería en un comunicado. Se trata de la IV Reunión Técnica Internacional sobre Movilidad Humana de Ciudadanos Venezolanos en la Región, la primera realizada fuera de Quito (Ecuador), organizada por el Gobierno Argentino con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones.
Asistirán al encuentro representantes de gobiernos de Sudamérica y América Central, de organismos internacionales y de países observadores, oficiales de agencias estatales extranjeras y funcionarios de organismos argentinos.
El Proceso de Quito fue creado en 2018 con el objetivo de que los gobiernos de los países de América Latina pudieran compartir buenas prácticas, presentar iniciativas y coordinar acciones para enfrentar, desde un enfoque regional, los desafíos que implica el flujo masivo de migrantes y refugiados de nacionalidad venezolana en el territorio de los países participantes.
Según un documento presentado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) la semana pasada en su asamblea general realizada en Medellín, Colombia, al menos cuatro millones de venezolanos han salido de su país, poco más de 13% de la población total de esa nación.
A nivel mundial, solo Siria, que ha padecido una guerra por más de ocho años, supera a Venezuela en el flujo de migrantes y refugiados, destacó el informe.
El Coordinador del Grupo de Trabajo de la OEA destinado a analizar este problema, David Smolansky, dijo que se trata del «flujo migratorio más grande de la región», originado por la «crisis humanitaria» que se refleja en la escasez de alimentos y medicinas, la «violencia generalizada», la «violación sistemática de derechos humanos» y el «colapso económico» de Venezuela.