Se instalaron el miércoles y será por tiempo indeterminado, quieren reunirse con el ministro de Seguridad, aplicar tecnología y demás acciones
Desde ayer miércoles, la Asociación Familiares y Víctimas de la Inseguridad ha decidido volver al acampe como una medida de protesta y búsqueda de atención por parte del Gobierno Provincial. La manifestación se lleva a cabo en Moreno al 600, entre las calles Santa Fe y San Lorenzo, donde los miembros de la asociación invitan a la comunidad a unirse a la lucha en contra de la inseguridad.
En esta ocasión, tras finalizar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la Asociación exige ser incluida en la mesa de trabajo junto a los candidatos electos. Han solicitado al Gobierno Provincial que cumpla con las promesas asumidas hace 5 meses, las cuales aún no se han concretado. Entre los reclamos se encuentra la firma de los correspondientes decretos para llevar a cabo el Memorial del Familiar y la Víctima de Inseguridad de Rosario.
«Es momento de que el arco político muestre su compromiso y se dejen de lado los slogans y discursos vacíos. Necesitamos acuerdos y consensos reales para combatir la inseguridad», declaró un miembro de la asociación. Los familiares y víctimas exigen que se invierta en tecnología e innovación, se legisle adecuadamente y se tome la decisión clara de proteger a la ciudadanía y a aquellos afectados por el delito, en lugar de proteger a quienes cometen los crímenes.
La situación de inseguridad ha llevado a la Asociación a tomar medidas drásticas, buscando ser escuchados y recibir respuestas concretas por parte de las autoridades.
¿Qué exigen?
- Urgente instalación de tecnología e innovación, en puntos estratégicos con Cámaras de vigilancia no recaudatorias y tótems, con monitoreo en tiempo real para el reconocimiento facial y de patentes que permitan sacar de la calle a quienes tengan pedidos de captura, mediante la coordinación con unidades policiales de respuesta rápida con GPS, computadora de abordo y cámaras incorporadas.
- Democratización de la Justicia por medio de Juicios por jurado, como marca la Constitución, incorporación de Familiares y Víctimas de Inseguridad al proceso de selección de fiscales, control Legislativo del desempeño judicial.
- Política de rehabilitación para adictos con centros de tránsito e internación obligatoria en instituciones públicas, con orden judicial para casos peligrosos.
- Control estricto de los servicios penitenciarios, con inteligencia criminal e incomunicación completa de presos de alto perfil, aplicando inhibición de señal y scaners.
- Implementación efectiva de la Ley de Víctimas, con la creación del defensor general de víctimas, Puesta en funcionamiento de programas público-privado para reinserción laboral de víctimas y familiares DE INSEGURIDAD, descentralización y cercanía de la atención a las víctimas , capacitación de funcionarios públicos por parte de Familiares y Víctimas que pertenecen a nuestro colectivo.
- Campañas de concientizacion publica en todos los medios sobre las adicciones.
- Seguimiento de causas judiciales y la inversión necesaria en la Justicia para garantizar la investigación, con recursos y herramientas que agilicen la resolución de homicidios, para dar con los asesinos y que las familias tengamos Justicia.
- Participación plena y activa en reuniones, de quienes somos Familiares y Víctimas de Inseguridad (no somos siniestros viales, ni violencia institucional, ni femicidios, basta de querer siempre mezclar todo).