El abogado querellante Luis Tagliapietra cuestionó el procesamiento de seis altos mandos de la Armada por un delito menor y la negativa de investigar a Mauricio Macri y Oscar Aguad
El abogado querellante Luis Tagliapietra cuestionó el procesamiento de seis altos mandos de la Armada por un delito menor y la negativa de investigar a Mauricio Macri y Oscar Aguad
Por Matías Gregorio
A poco más de dos años y dos meses del aquel fatídico 15 de noviembre de 2017, fecha en la cual se produjo el hundimiento del ARA «San Juan» con 44 marinos a bordo, la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, procesó a seis altos mandos de la Armada por los delitos de estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso ideal, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de deberes de oficio. En la misma resolución, la magistrada rechazó el pedido de las querellas para imputar penalmente al ex presidente Mauricio Macri, a su ministro de Defensa, Oscar Aguad, y al entonces jefe de la Armada, Marcelo Srur. Familiares de las víctimas nucleadas en la querella del abogado Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes fallecidos, repudiaron la calificación legal aplicada, la no inclusión de la prisión preventiva de los procesados y la negativa de investigar al poder político por su responsabilidad en el naufragio.
Después de la desaparición del ARA San Juan, familiares de los tripulantes debieron encadenarse y dormir en Plaza de Mayo durante casi dos meses para que el gobierno de Cambiemos no abandonara la búsqueda. El reclamo derivó en la contratación de la empresa Ocean Infinitiy, que un año después halló los restos de la nave a 907 metros de profundidad, a unos 500 kilómetros del Golfo San Jorge, a la altura de Comodoro Rivadavia, donde se tuvo el último registro del submarino.
Los procesamiento de Yánez, fechados el 31 de enero, alcanzan a Jorge Sulía, ex jefe de Logística del Comando de la Fuerza de Submarinos; a Hugo Correa, ex jefe de Operaciones de esa unidad; a Héctor Alonso, ex jefe de Estado Mayor de la misma; a Luis López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; a Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos; y a Eduardo Luis Malchiodi, ex jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada. La jueza, en un escrito de 619 páginas, les permitió seguir en libertad y les trabó embargos que van desde los 2 millones a los 3,5 millones de pesos. El único de los imputados a quien sobreseyó es el marino José Marti Garro, ex jefe de Operaciones del Comando de Adiestramiento y Alistamiento.
Con variantes propias de la jerarquía de cada procesado, la magistrada entiende que en mayor o menor medida todos ellos estaban en conocimiento –en virtud de los cargos que ocupaban– de que el submarino no se encontraba en condiciones óptimas para realizar la misión encomendada en el mar argentino y que desoyeron el planteo del extinto Comandante Pedro Fernández respecto al funcionamiento defectuoso del Snorkel y la válvula E19 lo que presuntamente habría sido el factor determinante de la tragedia. De todas maneras, la pena máxima del delito imputado es de cinco años, lo que generó un gran malestar entres los familiares de las víctimas.
«Las diez familias que yo represento estamos indignadas pero no sorprendidas porque sabíamos que esto iba a ser así, y por eso lo veníamos denunciando», pronunció en diálogo con CLG el abogado querellante Luis Tagliapietra, padre de Alejandro Damián Tagliapietra, quien a sus 27 años se desempeñaba como teniente de corbeta en el único submarino operativo de la Armada Argentina.
Para el letrado, el fallo de Yáñez «le abre la puerta de par en par a planteos de nulidades a la defensa de los seis imputados, que difícilmente harán sobrevivir esta acusación», al argumentar que «más allá de que parece un fallo abultado, sólo copió y pegó pruebas y luego hizo un análisis escueto. Incluso es contradictorio porque hay frases contundentes que no van de la mano con la acusación».
Los familiares agrupados en la querella de Tagliapietra entienden que hubo «homicidio con dolo eventual agravado en 44 casos, en concurso con abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público, más el encubrimiento y la asociación ilícita por todo lo que pasó desde que se hundió».
Sobre la decisión de la jueza federal de no incluir la prisión preventiva de los procesados, dijo que «es un chiste», y uso un ejemplo para explicar su desacuerdo: «Yo defiendo a un muchacho que por tentativa de hurto le dictaron prisión preventiva”. Además, describió que según la doctrina Irurzun, a los funcionarios públicos que están implicados en causas por defraudar al Estado con dinero se les dicta prisión preventiva, por lo que se preguntó cómo no son tratados de la misma manera en un caso donde hay fallecidos: «Sin minimizarlo, no se puede comparar un fraude al Estado con la vida de 44 personas. No hay dinero que valga la vida de una persona. Entonces, ¿qué criterio está usando? Estos seis altos funcionarios de la Armada pueden entorpecer la investigación, de hecho ya hicieron que no hablen varios miembros de su cuerpo».
En el caso de los responsables políticos, a quienes familiares de las víctimas denunciaron tanto por su responsabilidad sobre el estado del submarino como por la operación de encubrimiento posterior a la desaparición, la jueza Yañez rechazó la imputación. En el caso de Macri, consideró que la función de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas «no es de naturaleza técnico-militar», tarea que ejercen «profesionales idóneos y capacitados en las artes de la defensa nacional». «Si bien todo el aparato de defensa se encuentra bajo dependencia» del presidente, eso no significa que tuviera que ejercer «funciones operativas», explicó.
El mismo razonamiento aplicó a Aguad, al considerar que «sus competencias se limitaban» a «ejercer la dirección, ordenamiento y coordinación de las actividades” de la Defensa. Ni el ex mandatario ni su ministro conocían «los defectos de alistamiento que tenía el Submarino ARA San Juan con anterioridad a su última zarpada, o que las autoridades militares que de ellos dependían hubieran estado actuando en forma antijurídica o mediante abusos de poder», argumentó para exculparlos.
Con respecto al almirante Srur, por entonces jefe de la Armada, consideró que «si bien los imputados dependían orgánicamente de su Jefatura, las tareas y funciones que tenían asignadas reglamentariamente eran de tal amplitud que obstaban a vigilar paso a paso la actividad de sus subordinados».
Tagliapietra sostuvo que «el pacto de corrupción de la jueza con el gobierno anterior es muy obvio y se traduce en este fallo: que hable de Macri y Aguad en los términos que lo hizo da cuenta de la enorme obviedad del acuerdo que vengo denunciando». «El fallo es una vergüenza desde lo jurídico porque va en contra de todo lo que hay en el expediente y de lo que la misma jueza cita, y desde lo humano es una cargada a los familiares y una falta de respeto a los 44», cuestionó el entrevistado.
El abogado querellante adelantó que apelarán la resolución de Yáñez y que continuarán impulsando el juicio político contra la magistrada. «No vamos a dejar de luchar”, subrayó, y aclaró: «Más allá de nuestra apelación, acá no terminó el proceso, esto no tiene carácter definitivo y ya se eleva a juicio, sino que recién empieza. Se pueden agregar más imputados y también puede haber un cambio de calificación legal».
En cuanto a la solicitud de juicio político presentada a mediados del año pasado contra la jueza federal para que sea removida de su cargo «por mal desempeño», al entender que había actuado con «manifiesta parcialidad» y «enemistad» respecto de su intervención personal y profesional, comentó que lo último que habían resuelto los consejeros del Consejo de la Magistratura de la Nación era que vayan a declarar algunos de los testigos que propuso, para a partir de ahí avanzar con el análisis del accionar la jueza, que para el letrado «es grotesco, no es que estamos hablando de sutilezas».
A su vez, comunicó que el próximo 5 de marzo tendrá una audiencia en Comodoro Rivadavia para presentar una nueva recusación y «otros planteos que estuvimos haciendo en distintos ámbitos de la Justicia y que esperamos tener alguna novedad al respecto”.
Por último, contó que la secretaria del flamante ministro de Defensa, Agustín Rossi, se comunicó con los familiares para mantener distintas reuniones en los primeros días de la semana próxima. «Los encuentros servirán para que el ministro tome dimensión del absurdo de la jueza. No pretendemos que la política se entrometa en la justicia porque esta debe ser independiente, pero también tiene que estar en conocimiento de que esto está mal y que hay un proceso que es político, que es el del Concejo de la Magistratura, y ahí también estaremos para hablar con los consejeros y que tomen dimensión de la gravedad del asunto. Vamos a seguir peleando en todos los frente de batalla que la ley lo permita», concluyó Tagliapietra.