La quinta marcha nacional contra el gatillo fácil para denunciar la violencia de las fuerzas de seguridad se realizó este martes en todo el país y tuvo su epicentro en Capital Federal, donde los manifestantes marcharon desde el Congreso de la Nación hacia Plaza de Mayo. En Rosario, la movilización inició a las 17 en los tribunales provinciales de Balcarce 1651 y recorrió las calles hasta la plaza San Martín, de Dorrego y Santa Fe.
Los organizadores de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil en la ciudad (familiares de víctimas con el apoyo de organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos) que tienen registrados más de 6.500 casos de asesinatos, torturas seguidas de muerte en cárceles y comisarías y desapariciones desde el año 1983, se detuvieron frente a la sede de Gobierno donde realizaron un festival con olla popular del que participaron Ayelén Becker, Leitoh y David Magallán.
Las consignas de la protesta fueron: «Basta de torturas y muertes en cárceles, comisarías, institutos de menores y otros lugares de detención; basta de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y causas armadas; libertad a las/os presas/os políticas/os; no a la reforma del código penal y la implantación de la “doctrina Chocobar'».
Una de las más activas en la marcha fue Julieta Riquelme, hermana de Jonatan Herrera, quien el 4 de enero de 2015 fue acribillado a sangre fría por policías del Comando Radioeléctrico y de la Policía de Acción Táctica (PAT) mientras lavaba su auto en la puerta de su casa. «52 disparos le tiraron a mi hermano, era hora que los familiares nos levantemos, cada 21 horas la violencia insitucional asesina a un pibe», expresó la joven en diálogo con Radio 2.
https://www.facebook.com/conlagenteinfo/videos/2098755170418086/?__xts__[0]=68.ARBGr0mWkDKeqgC-r9RN4hrwIB-2wYx6mXcHs1KjgJKm7PI6b8sHhPoSa8X85xXZsADIjrSV3vqnSY5cQf6SJi4SXfylj4ZZo2UyfUiIysJO0HFJuoKncSUPllujCc30z2LDFm5388LUZCRWMgmm6f8bDW7kRElTXclN7PpgsK5E3q8bj5105e0VL1IEVE9BkODz_GBIxZnQGt4zKJGCBNdq_52o98QQ_EwdRWDeZYRAlLFWMMQzf12Z6AVMeYsmRFZiVlQRXNeawT8Bv5cb0WyKagzAfmVYN5VXjoy25M2nUlvCsUnzvD-nxPNeTCOtsPGbvU3xB37ARfdt&__tn__=-R
«Los casos de violencia estatal y de gatillo fácil son una deuda de todos los gobiernos democráticos desde la vuelta de la democracia», dijo a Télam Federico Pagliero, del equipo jurídico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario.
«La lentitud de la Justicia y la impunidad que aparecen en gran parte de los casos de violencia institucional en las que la policía se investiga a sí misma es otra deuda que exigimos a la provincia que salde», señaló.