Familiares de las víctimas de la represión bajo el régimen de Alberto Fujimori, organizaciones políticas y de derechos humanos se movilizaban este miércoles por la anulación del indulto al expresidente peruano, concedido por el mandatario Pedro Pablo Kuczynski en la víspera de Navidad.
«Es la segunda vez que confié en un presidente y que me ha fallado», dijo con pesar a la AFP Rosa Rojas, quien perdió a su marido y a su hijo de 8 años en la matanza de Barrios Altos, perpetrada en Lima por un escuadrón militar el 3 de noviembre de 1991.
Varias agrupaciones políticas y de víctimas del gobierno de Fujimori (1990-2000) convocaron a una marcha este jueves en Lima, mientras una organización peruana dijo que pedirá la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José.
«Creemos que es un indulto ilegal porque no reúne las condiciones que la propia norma peruana establece para otorgar indulto», declaró a la AFP Gisela Ortiz, hermana de uno de los nueve estudiantes y un profesor secuestrados por un escuadrón militar desde la universidad La Cantuta y asesinados en una zona rural cercana a Lima, el 18 de julio de 1992.
Fujimori, de 79 años y quien se encuentra desde el sábado en una clínica por problemas circulatorios, fue condenado a fines de 2007 a 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, además de los secuestros de un periodista y un empresario en 1992.
Formalmente alcanzó a cumplir 12 años de su condena, pues la justicia considera también el periodo que estuvo bajo arresto domiciliario en Chile, mientras se tramitaba su extradición a Perú.
También fue condenado por otras causas, entre ellas por corrupción, pero estas sentencias no se suman a los 25 años de la mayor pena, según la ley peruana.
Fujimori fue indultado el domingo por Kuczynski invocando razones humanitarias debido a sus problemas de salud, pero muchos peruanos atribuyen la medida a una negociación política, la misma que permitió que el mandatario de centro-derecha se salvara de ser destituido la semana pasada por el Congreso, acusado de haber mentido sobre sus vínculos con la cuestionada empresa brasileña Odebrecht.
La abstención de 10 legisladores fujimoristas, incluido el hijo menor del exgobernante, Kenji Fujimori, fue crucial para que fracasara la moción de destitución, que impulsaban grupos de izquierda y el partido Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori, hija del exmandatario.
El indulto desató una nueva tormenta política contra Kuckynski, con criticas de organizaciones internacionales y de familiares de las víctimas, y las renuncias al partido gobernante de tres legisladores.
El martes Fujimori pidió «perdón» por los actos de su gobierno desde la cama de la clínica donde está internado tras sufrir una arritmia e hipotensión.
«Soy consciente que los resultados durante mi gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón», dijo el expresidente de ancestros japoneses en un video divulgado en su cuenta de Facebook.
El indulto ha sido duramente criticado por la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y por la organización Human Rights Watch, entre otras.