Dos mujeres familiares de víctimas del franquismo declaran hoy por primera vez ante un tribunal español a pedido de la jueza argentina María Servini, quien investiga los crímenes de la guerra civil y la dictadura española, en este caso desde la perspectiva de género.
Se trata de los familiares de Margalida Jaume, quien en agosto de 1936, embarazada de 7 meses, fue llamada a prestar declaración para que pusieran en libertad a su marido, Antoni Alomar, que llevaba una semana detenido en la isla mallorquina de Manacor. Sus hijas Antonia y Francisca, entonces con 8 y 11 años de edad, nunca más volvieron a ver a sus padres.
Más de 80 años después, Francisca Alomar Jaume y Bartolomea (Tolita) Riera Alomar, hija y nieta de Margalida respectivamente, prestarán declaración en el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma de Mallorca.
“Para mí y para mi familia es muy importante poder contar nuestra historia ante la justicia. Llevamos muchos años esperando este momento, queremos que se investigue qué les sucedió a mi abuela Margalida y a mi abuelo Antoni, y que se localicen sus restos”, explicó Tolita Riera.
La jueza argentina María Servini es quien solicitó estas declaraciones, como parte de la investigación de la querella por crímenes de género durante el franquismo que la organización internacional Women’s Link Worldwide presentó en Argentina en el año 2016, con la intención de ampliar la investigación sobre la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura (1939-1975) abierta en el país en aplicación del principio de justicia universal.
La querella por crímenes de género pidió que se investigaran los crímenes específicos que sufrieron las mujeres por el hecho de ser mujeres, como la violencia sexual o el robo de bebés.
En la denuncia, que contó con el apoyo de la Asociación de Memoria Histórica de Mallorca, se afirma que un vecino del pueblo contó a Francisca que vio cómo, al menos, uno de los falangistas que se llevó a su madre la violó, y también le escuchó decir: «nunca había gozado de una embarazada».
“Que un juzgado de Mallorca haya aceptado tomar declaraciones por el caso de Margalida Jaume es un paso muy importante, pero también es algo excepcional. La justicia española sigue sin investigar los crímenes del franquismo y, en anteriores ocasiones, ha obstaculizado la investigación de la justicia argentina”, explicó Aintzane Márquez, abogada de Women’s Link, según un comunicado de la organización.
“Este caso es una oportunidad para restablecer la colaboración con Argentina y favorecer que las víctimas accedan a la justicia que les está siendo negada en nuestro país”, añadió la abogada.
«El acceso a la justicia es un derecho básico que le ha sido negado a muchas familias en España”, remarcó por su parte Maria Antonia Oliver, portavoz de la asociación Memoria de Mallorca, quiten volvió a reclamar que sea la justicia española la que investiga, asumiendo sus obligaciones.
En enero de 2019 el caso de Margalida Jaume también fue presentado por Women’s Link y Trial International ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que remitió el expediente a España.