Sobrevivientes y familiares de víctimas de la tragedia de Cromañón presentaron este miércoles públicamente un proyecto de ley en el que le solicitan al gobierno porteño la expropiación del predio de Bartolomé Mitre 3060, escenario del recital del grupo Callejeros en el que en diciembre de 2004 murieron 194 personas.
Los familares denunciaron que el Tribunal Oral Penal 24, por decisión del juez Marcelo Alberó, decidió dar el control del predio a la empresa Zarelux S.A. que, afirmaron, responde a José Levy, dueño original del lugar y condenado a cuatro años y medio por la tragedia.
El proyecto pide la expropiación del inmueble conocido como «República de Cromañón» para «resguardar los elementos testimoniales que hacen a su valor histórico-cultural y configuran la memoria colectiva de la ciudad».
Silvia Bignami, madre del fallecido Julián Rozengardt, leyó hoy entre lágrimas los considerandos del proyecto durante una conferencia de prensa en Legislatura.
Y, en ese marco, señaló: “El 30 de diciembre de 2004 quedará instalado en Ia memoria colectiva como el momento inédito para nuestra historia en el que en el mismo acto y en una trampa similar a una cámara de gas, a 200 familias se les arrebató Ia vida de sus hijos e hijas, niños, adolescentes y algunos adultos”.
Los voceros de los familiares reclamaron el “urgente tratamiento” de la iniciativa ya que, señalaron, se pudieron constatar obras en el interior del ex local bailable que podrían afectar lugares sensibles para la reconstrucción de aquella noche trágica.
“Nos hemos encontrado con esta sorpresa tremenda, que se estaban levantando paredes en el predio y nuestra preocupación es tremenda”, comentó José Guzmán, padre del fallecido Lucas Guzmán.
Los familiares informaron que habían mantenido reuniones con representantes de todas las bancadas de la Legislatura y que los diputados se habían mostrado “sensibles” ante la problemática y algunos incluso se hicieron presentes hoy durante la conferencia.
Los familiares también pidieron una reunión con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para ponerlo en conocimiento de la situación.
El proyecto, que fue presentado por los damnificados como “perfectible”, indicó que el inmueble de Cromañón, junto al espacio conocido como «santuario», deben ser lugares protegidos «integralmente por el Estado» y pidieron que para ello se destine una «partida para su restauración y mantenimiento».
La expropiación de bienes, contemplada por la ley 238, impone que cuando existiera un “fin público” el Estado puede hacerse de él, previa autorización legislativa y pago de una compensación que los dueños no pueden rechazar.