Familiares de víctimas del avión boliviano Lamia que se accidentó en Colombia en 2016 con la plantilla del club de fútbol brasileño Chapecoense abordo, abandonaron Bolivia sin respuestas de una aseguradora local a sus demandas de indemnización, dijeron este lunes al salir del país.
«Encontramos resistencia de la aseguradora que no nos dio las respuestas que venimos a buscar», afirmó Fabianne Belle, viuda de Cesinha, uno de los preparadores físicos del club brasileño, quien encabeza una fundación de las víctimas y familiares junto a Mara Paiva, viuda del comentarista Mário Sérgio.
El grupo de familiares llegó hace más de una semana a Santa Cruz, 900 km este de La Paz, para buscar una indemnización, pero dijeron que la empresa de seguros Bisa no les dio ninguna respuesta, salvo la existencia de un fondo solidario que no cubre sus expectativas.
La empresa privada no ofreció ningún comentario sobre el tema. «Lo que está sucediendo acá es una falta de respuesta por parte de la aseguradora Bisa», dijo este lunes a la televisora Gigavisión el abogado Rómulo Peredo, que lamentó que los directivos de la aseguradora «no han querido dar las caras».
El abogado brasileño Josmeyr Oliveira adelantó que en su país decidirán qué medidas tomarán. La semana pasada, al llegar a Bolivia, afirmó que los familiares «no hemos recibido ni un peso», a poco de cumplirse dos años del siniestro.
El 28 de noviembre de 2016 el avión boliviano Lamia se precipitó, a poco de llegar al aeropuerto colombiano José María Córdova, con la plantilla del brasileño Chapecoense abordo, que debía disputar su primera final internacional frente al Atlético Nacional por la Copa Sudamericana.
Una investigación de autoridades colombianas concluyó que la nave cayó por falta de combustible.
Setenta y un personas perdieron la vida, entre ellas 19 jugadores, 14 miembros de la comisión técnica y nueve directivos del club del sur de Brasil. Sólo seis ocupantes sobrevivieron al accidente: una azafata, un técnico de aviación, un periodista y tres jugadores.
Autoridades bolivianas dirigieron las responsabilidades hacia funcionarios aeroportuarios y de aviación civil y de la misma empresa, por haber cometido graves faltas técnicas para la realización del fatídico vuelo.