En la mañana del 5 de febrero de 2014, la propagación de un incendio desatado en un depósito de la firma Iron Mountain, provocó la muerte de 10 personas
A ocho años de la tragedia de Barracas, los familiares de las víctimas del incendio y derrumbe del depósito de Iron Mountain consideran «una burla» que ni siquiera haya procesamientos confirmados por el siniestro en el que murieron 10 bomberos y rescatistas, y esperan que este año cobre finalmente impulso la causa, mientras celebran la realización de un documental que los tiene como protagonistas.
Las familias tuvieron oportunidad de expresar éste y otros reclamos en la reunión que mantuvieron el jueves con el ministro de Justicia Aníbal Fernández que los convocó en su despacho.
«¡Ocho años para redactar un procesamiento, es una burla!», dijo a Télam Sandra Barícola cuyo hermano Pedro falleció en el incendio de Iron Mountain del que mañana se cumplirá un nuevo aniversario.
«Estamos muy descreídos y decepcionados del juez y de la fiscal pero no vamos a dar por olvidado el hecho y vamos a volver a pedir con fuerza que la justicia se active y llegue a donde tenga que llegar», agregó.
En la mañana del 5 de febrero de 2014, la propagación de un incendio desatado en el depósito que la firma Iron Mountain tenía en Azara 1245, provocó que la estructura metálica (columnas y cabriadas) que sostenía el techo comenzara a ceder por las altas temperaturas y derrumbara la pared de la calle Jovellanos.
Como consecuencia de esto, fallecieron el comisario inspector Leonardo Day, la subinspectora Anahí Garnica, los cabos Carlos Veliz, Eduardo Adrián Conesa y Maximiliano Martínez, el agente Juan Matías Monticelli (del Cuartel I de Bomberos de la Policía Federal), los bomberos voluntarios Sebastián Ezequiel Campos y Facundo Ricardo Ambrosi (cuartel Vuelta de Rocha) y los rescatistas de Defensa Civil, Pedro Esteban Barícola y José Méndez Araujo.
Cuatro años después, el juez de Instrucción 18 Pablo Ormaechea dictó 17 procesamientos por «incendio culposo seguido de muerte», decisión que fue apelada tanto por las defensas como por la querella, esta última en relación a los cinco sobreseimientos.
Tras largo trámite, el 29 de diciembre de 2020 la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminar y Correccional revocó esa resolución por considerar que tenía graves errores de fundamentación y dejaba de lado la medular cuestión de la «intencionalidad», ordenándole al juez que la reelabore en base a nuevas pericias y las conclusiones de un colegio pericial.
El abogado de los familiares Javier Moral negó que, en virtud de esto, los imputados hayan sido «desprocesados» -porque los imputados no fueron sobreseídos ni se les dictó la falta de mérito- y su expectativa es que una vez superada esta etapa de impasse en el expediente, sean procesados «con mejores fundamentos» incluso un mayor número de acusados y por el más grave delito de «estrago doloso seguido de muerte».
«Estamos en un momento crucial del proceso porque la Cámara ordenó nuevas pericias o ampliaciones a fin de que quede blanco sobre negro la intencionalidad o no del estrago que se cobró la vida de 10 servidores públicos», dijo.
El letrado explicó que durante todo año pasado «peritos de bomberos, del INTI, la UTN y de las partes se reunieron para analizar lo que había en el expediente» para «tener un punto de vista unificado sobre la intencionalidad».
«El colegio de peritos ya presentó el informe ampliatorio que a nuestro criterio no deja lugar a dudas sobre la intencionalidad. Ahora resta que el juzgado de instrucción las analice, convoque otra vez a los imputados y luego resuelva los procesamientos», explicó.
El fallo que mandó dictar una nueva resolución benefició a Eduardo Alfredo Sueyras, director de seguridad e higiene para América Latina de la firma; Guillermo Eduardo Lockhart, gerente general, y Héctor Eduardo García, jefe de Seguridad e Higiene de Iron Mountain Argentina.
También alcanzó a los exfuncionarios Vanesa Berkowsky, exdirectora general de Fiscalización y Control de la Ciudad; Luis Alberto Cogo, jefe del Departamento de Actividades Generales Críticas; Roberto José Chiesa, director de Industrias y Otros Locales; y Silvia Miriam Hers, jefa del Departamento de Programación Operativa.
Los otros beneficiados son Gastón Luis Laugle y Patricia Moroni, responsables de la Dirección de Administración y Gestión Operativa; Rafael Mario Roldán y Pierre Louis Chapar, encargados de la Dirección General de Fiscalización y Control; Félix Lugo, Ricardo Grunfeld, Alberto Graziani, Jorge Papanicolau, Oscar Alfredo Godoy y Christian Walter Castiñeiras.
«Creemos que el juez de instrucción tiene que volver a dictar los procesamientos, la Cámara del Crimen debe confirmarlos y la causa ser elevada a juicio en el trascurso de este año», agregó el abogado Moral.
«Si la Cámara confirma los procesamientos dispuestos por el magistrado instructor quedarían unos requisitos procesales que es la elevación a juicio, el sorteo del tribunal y luego las partes deberíamos presentar las pruebas, los testigos y todos los elementos que consideramos para demostrar la acusación», añadió.
El abogado recordó que en 2016, «cuando junto a las familias realizamos una inspección ocular, nos dimos cuenta -a poco de iniciar el recorrido- a todas luces que esto había sido intencional».
En este sentido aseguró que «se había quitado una Bomba Jockey que era la que tomaba agua de la red subsidiaria por si fallaba el sistema principal, en el cual había una cisterna que sobre excedía cualquier contingencia para un incendio de ese depósito, pero estaba vacía y otras situaciones que daban cuenta de la intencionalidad».
«Los familiares todos los años recuerdan a sus víctimas y las llevan a través del laberinto de los procesos judiciales, estuvimos casi tres años para que el máximo tribunal penal de la Nación, la Cámara de Casación Penal, revocara una decisión que echó a los querellantes de la causa, es decir no les permitía a los querellantes buscar, justamente, la verdad del proceso penal», acotó.
Y, remarcó: «Estuvimos tres años con diferentes recursos que fueron rechazados sistemáticamente hasta que, a través de una queja, en el máximo tribunal penal revocó esa resolución que a nosotros nos constituía una afrenta a los derechos de las víctimas».
A su turno, Barícola pidió un «mayor involucramiento de la sociedad» para que la justicia llegue hasta los responsables del incendio intencional de las instalaciones de una empresa que ya registraba seis episodios similares en otros países del mundo, «con la diferencia que en los demás casos no hubo muertos».
«El día que pasó, el incendio caló hondo en la gente pero después como que la gente olvida. Vivimos en una sociedad bastante olvidadiza, yo creo que falta que la gente se involucre un poco más porque pareciera que nos duele a los familiares nomás», dijo.
En ese sentido, consideró que «ellos dieron la vida por nada porque ahí había solamente papeles y si alguien se pudiera poner en nuestro lugar, entenderían lo que nos pasa. Cuando uno no encuentra justicia, la herida queda intacta, por eso no vamos a dejar de reclamar».
Por su parte, el periodista y escritor Pablo Waisberg, que participó en la investigación periodística para el documental «En cumplimiento del deber», explicó que el proceso de trabajo sufrió un «quiebre» cuando se hizo evidente que «las 12 personas muertas habían ido a salvar vidas y terminan muriéndose para apagar papeles de un incendio provocado». Waisberg habla de una docena de muertos porque contabiliza los dos bomberos que se suicidaron después de intervenir en este incendio.
«A diferencia de lo que ocurre con una producción de ficción, en un documental uno entra con una hipótesis que después se van modificando o que deberían modificarse», dijo.
En este caso, el cambio se dio al advertir que no se trató de negligencia, sino de intencionalidad y ese giro «se refleja en el guión y la película».
«Un incendio intencional en un lugar que contiene archivos no podían tener otro sentido que destruir esos archivos. Archivos de bancos, de empresas. Me resulta complejo decir quién podría ser, al ser tantos los investigados al mismo momento por maniobras de criminalidad económica. Y también pudiera ser una empresa o corporación que no estuviera siendo investigado, pero que podría serlo en el futuro», agregó.
En relación a los seis antecedentes de incendios provocados en depósitos de Iron Mountain en otras ciudades del mundo, Waisberg plantea que sólo acá murió gente «porque el depósito estaba mal habilitado», lo que quedó «demostrado en la causa judicial y empíricamente», por cómo se expandió el fuego y cómo se desplomó la pared que mató a los rescatistas y bomberos.