Explosiones de Río Tercero: el 24 de febrero debía comenzar el juicio oral contra Menem

La ciudad que no llorará a Menem

Carlos Menem murió sin saldar su deuda más grande con la Justicia: el 24 de febrero próximo debía sentarse en el banquillo de los acusados, como sospechoso de haber sido el autor mediato de la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero, en noviembre de 1995, maniobra que tuvo como objetivo tapar el tráfico de armas y municiones. Menem estaba imputado por el presunto delito de estrago doloso agravado, pero ahora la muerte lo exonera en los papeles.

El pasado 3 de noviembre, al conmemorarse un cuarto de siglo desde la explosión, el intendente Marcos Ferrer anunció que Carlos Menen sería declarado «persona no grata» en la localidad, por lo que no podrá ser homenajeado, ni llevar su nombre ninguna calle. «Vamos a prohibir que se erija en su nombre ningún monumento público, ninguna calle, ningún parque va a poder jamás reconocer al expresidente, responsable para nosotros de los hechos del 3 de noviembre», remarcó el jefe comunal.

La tarde de la explosión, Menem y el por entonces gobernador de Córdoba, Ramón Mestre, encabezaron una conferencia de prensa en esa localidad, en plena conmoción. Allí el por entonces presidente dijo a los periodistas: «Se trata de un accidente y no de un atentado. Ustedes tienen la obligación de decir que esto fue un atentado». Mestre, a su lado, agregó: «Descarto totalmente la posibilidad de que se trate de un atentado». El país, vale recordarlo, venía de sufrir dos atentados internacionales: el ataque a la embajada israelí y a la sede de la Amia.

Mirá también: Río Tercero no hará duelo por la muerte de Carlos Menem

La explosión

Aquella mañana de noviembre de 1995, desde las 8.55, se oyeron tres detonaciones. Las dos primeras sucedieron en la planta de descarga y la tercera, y más importante, tuvo lugar en el depósito expedición y suministros. Así, miles de proyectiles acumulados en los polvorines de la fábrica se esparcieron por los barrios de Escuela, Las Violetas, Libertador y Cerino, causando grandes daños.

Aldo Aguirre, Romina Torres, Leonardo Solleveld, Elena de Quiroga, Hoder Dalmasso, Laura Muñoz y José Varela les pusieron nombres a la tragedia humana: fueron los siete muertos (ninguno dentro de la planta militar, todos en la ciudad que la rodeaba). Hubo más de 300 heridos y enormes daños materiales.

En un principio, la Justicia orientó la investigación hacia la hipótesis de un accidente, ocasionado por un desperfecto en la manipulación de un montacarga que había determinado que un tambor con trotyl se prendió fuego y se extendió a otros que contenían ese explosivo. Pero años más tarde, pericias técnicas determinaron que el trotyl no puede estallar por acción de las llamas, ya que ese material sólo puede explotar con el accionar de un detonador.

La investigación judicial, en base a testimonios de los empleados, estableció que la noche anterior al estrago hubo personas no identificadas que ingresaron en las instalaciones de Fabricaciones Militares, con el objetivo de «acondicionar los elementos iniciadores del fuego, como asimismo disponer los detonadores y reforzadores necesarios para provocar horas más tarde las letales explosiones».

Otra prueba de la intencionalidad que estableció la Justicia fue la direccionalidad de las explosiones, cuyas ondas expansivas se dirigieron al sur y al este, donde se encontraban los empleados y el polo petroquímico de Río Tercero, que no fue alcanzado por los proyectiles que volaron por el cielo de la ciudad.

Las explosiones tenían como intención ocultar el faltante de municiones. Entre 1991 y 1995, el entonces presidente Carlos Saúl Menem firmó decretos para vender armas a Panamá y Venezuela, que sin embargo terminaron en Ecuador y Croacia en operaciones de triangulación.

La presencia de armamento de origen argentino en estos dos países era un grave problema diplomático y político para el gobierno argentino, que había desplegado un contingente militar que integraba una fuerza de paz en Croacia, en el contexto de la guerra que atravesaba la ex Yugoslavia. Es decir que soldados argentinos, como miembros de fuerzas internacionales, combatían con insurrectos que utilizaban armas argentinas.

En esos años, cañones, obuses y proyectiles, eran retirados de las unidades militares para ser llevados a la planta de Río Tercero con el pretexto de ser reparados, pero desde allí eran trasladados a distintos puertos para ser embarcados al destino requerido por los compradores ilegales.

En el verano de 1995, los casos de armas argentinas descubiertas en Croacia y Ecuador comenzaron a multiplicarse, y esos hechos se denunciaron ante la Justicia. En paralelo, los jefes de las unidades del Ejército que tenían material alojado en Río Tercero -que supuestamente estaba en reparaciones- comenzaron a demandar que fueran reintegrados a sus bases.

Una pericia contable incorporada a la causa determinó que al momento del siniestro, faltaban entre 24 mil y 49 mil municiones de la fábrica, según el inventario.