Los fiscales de San Isidro ya tienen bajo la lupa la actuación de algunos miembros del entorno que convivían con el "10"
El juez en lo penal de San Isidro Orlando Díaz le concedió este lunes la eximición de prisión al psicólogo Carlos Díaz, uno de los imputados por la muerte de Diego Maradona que de esta forma se garantiza seguir el proceso en libertad, tal como el neurocirujano Leopoldo Luque, hasta que la Justicia tenga un fallo concreto sobre la causa.
Díaz, quien atendía a Diego Maradona, presentó la eximición de prisión para evitar ir a la cárcel, a poco de conocerse el resultado de la junta médica que intenta determinar entre otras cosas si la muerte del astro era evitable y cuál fue el accionar médico.
La presentación la realizó el 12 de abril en el juzgado de Orlando Díaz y es una medida que le garantiza al imputado no ir a prisión y seguir siendo investigado en libertad, tal cual sucedió con el neurocirujano Leopoldo Luque que lo hizo casi al comienzo de la investigación.
El requerimiento de la defensa y la resolución judicial suceden mientras la junta médica que analiza si la muerte de Maradona se podía haber evitado, está en su tramo final y podría presentar sus conclusiones a fin de este mes y, también, cuando fuentes judiciales admitieron que los fiscales analizan la posibilidad de cambiar la calificación de «homicidio culposo» a «homicidio simple con dolo eventual», un delito no excarcelable que prevé de 8 a 25 años de prisión.
La defensa de Díaz basó el planteo -al que tuvo acceso Télam- en su «fuerte arraigo, su profesión y la inexistencia de riesgos procesales».
En un tramo del escrito, describieron la trayectoria de Díaz como psicólogo y destacaron que atiende a «60 pacientes» que padecen «una o dos enfermedades crónicas», entre ellos, personas con «un consumo problemático de sustancias» que «necesitan un apoyo y acompañamiento permanente que resulta indispensable no discontinuar».
Por último, sostuvieron que «el riesgo procesal presumido legislativamente con base en la entidad de la pena en expectativa» -en caso de que la causa cambie a una carátula más grave-, «podría ser neutralizado de manera eficaz mediante la imposición de medidas cautelares mucho menos gravosas, como la libertad caucionada o sometida a pautas de conducta y medios de control electrónicos, que le permitieran continuar con su vida familiar y desarrollo personal, en especial en el ámbito laboral, social, etc.».
Este es el segundo pedido de eximición de prisión presentado en la causa por uno de los imputados en el expediente.
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El pasado 4 de diciembre, el juez Díaz le otorgó el beneficio al principal acusado en la causa, el neurocirujano Leopoldo Luque, aunque también solo en orden a la calificación de «homicidio culposo» -con una pena de 1 a 5 años de cárcel-, al considerar que es un delito excarcelable y que bastaba con una caución juratoria.
Aparte de Luque (39) y Díaz (29), los otros cinco profesionales de la salud imputados que por el momento tiene la causa son la psiquiatra Agustina Cosachov (35); los enfermeros Dahiana Gisela Madrid (36) y Ricardo Omar Almirón (37); la médica que coordinaba la internación domiciliaria para la prepaga Swiss Medical, Nancy Forlini (52); y el coordinador de los enfermeros, Mariano Perroni (40).
Pero los fiscales de San Isidro ya tienen bajo la lupa la actuación de algunos miembros del entorno que convivían con el «10» y, más hacia arriba en la cadena de responsabilidades, a sus empleadores, es decir, a los responsables de toda la «maquinaria Maradona» que estaba dirigida por su abogado y representante, Matías Morla.
Maradona, la mayor figura de la historia del fútbol mundial, murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 al mediodía, en una casa del barrio privado San Andrés, de Tigre, donde transitaba una internación domiciliaria que está bajo investigación.
La autopsia determinó que murió como consecuencia de un «edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada» y descubrieron en su corazón una «miocardiopatía dilatada».