Guillermo Tschopp, ex titular del Juzgado Federal N° 2 de Rosario, fue denunciado por la agrupación HIjos en 2018. Hoy lo indagaron por 63 casos de desaparición forzada de persona seguida de muerte
El ex juez federal de Rosario durante la última dictadura, Guillermo Tschopp, se negó a declarar y pidió hacerlo más adelante por escrito al ser indagado por delitos de lesa humanidad contra 63 víctimas del Terrorismo de Estado en Santa Fe, informaron este sábado fuentes judiciales.
El ex magistrado se negó a responder preguntas ante el juez federal 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, quien lo citó a indagatoria por pedido de la Unidad Fiscal que investiga violaciones a los derechos humanos, a cargo de Adolfo Villate, precisaron los voceros.
A la vez, el ex magistrado planteó que declararía más adelante pero a través de la presentación de un escrito, dijeron fuentes judiciales.
Tschopp, quien ocupó el Juzgado Federal 2 de Rosario entre 1977 y 1982, es investigad por su presunta complicidad con la dictadura desde su rol de miembro del Poder Judicial a raíz de una denuncia presentada por la agrupación HIJOS en 2018.
Desde el organismo de Derechos Humanos recordaron hoy que “durante el tiempo que estuvo al frente del juzgado federal, Guillermo Tschopp rechazó sistemáticamente los pedidos de hábeas corpus presentados por familiares de víctimas de la dictadura en los que intervino”.
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Agregó que “incluso en aquellos en los que hubo un reconocimiento expreso de detenciones ilegales llevadas a cabo por parte de fuerzas represivas del Estado como policía provincial, Policía Federal o el Ejército”.
A la vez, HIJOS Rosario destacó que “en ningún caso Tschopp abrió una investigación sobre los delitos que eran denunciados en su juzgado como privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales, torturas y homicidios”.
El titular de la Unidad fiscal de causas por violaciones a los derechos humanos, Villate, explicó que “se estudiaron 134 recursos de habeas corpus presentados por familiares de víctimas del terrorismo de Estado, 29 expedientes seguidos contra 58 detenidos políticos en el marco de las leyes antisubversivas y 10 recursos de amparo interpuestos por éstos”.
En total, el fiscal analizó “173 expedientes que tramitaron por ante la Justicia Federal rosarina durante la última dictadura cívico-militar”.
El ex magistrado está acusado de los delitos de privación ilegal de la libertad, desaparición forzada y homicidio.
La denuncia de HIJOS menciona el caso de un detenido-desaparecido que luego de haber sido torturado en el Servicio de Informaciones de la Policía local, “a fines de 1976 es trasladado y alojado en la cárcel de Coronda”, donde es visitado por el juez.
“Ante la presencia de este magistrado (la víctima) denuncia las torturas y los apremios ilegales sufridos, las condiciones de vida en la cárcel, la ilegalidad del Consejo de Guerra al que fue sometido por haberle hecho suscribir declaraciones bajo apremios”, sostiene la denuncia.
De acuerdo con el documento, “luego del arsenal de denuncias realizadas por la víctima, el magistrado le contesta: ‘¿Usted cree que lo que escribieron los militares con la mano yo voy a borrarlo con el codo?’”.
Además, Tschopp “le hizo saber (a la víctima) que las actas de estas declaraciones serían la base con la que él lo juzgaría”, y mientras el consejo de guerra militar lo condenó a 8 años y 7 meses de prisión, la pena “fue aumentada por la justicia federal en 10 años de prisión”.