El Tribunal Supremo español ratificó este miércoles la pena de cuatro años y medio de cárcel impuesta por desvío de fondos contra Rodrigo Rato, ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI) y ex ministro de Economía, en un caso que suscitó indignación y sonrojo en los años de la crisis.
Rato había sido condenado en primera instancia en febrero de 2017, por un delito continuado de apropiación indebida en el llamado caso de las «tarjetas black».
Ocurrió en su breve etapa como banquero en España, de 2010 a 2012, cuando dirigió Caja Madrid y luego Bankia, la entidad surgida de la fusión de la anterior y otras seis más.
La Audiencia Nacional, un alto tribunal especializado entre otros en corrupción, lo encontró culpable de prolongar un sistema existente desde 1988 y engrasado por su predecesor al frente de Caja Madrid, Miguel Blesa.
El sistema consistía en la distribución a directivos de la entidad de tarjetas bancarias. De esta forma, decenas de cargos, entre ellos Rato y Blesa, se sirvieron para sufragar gastos personales: fiestas, viajes o artículos de lujo.
En total desviaron 12 millones de euros entre 2003 y 2012. Rato gastó por su lado 99.054 euros con su tarjeta.
«El Tribunal considera acreditado que desde 1988, cargos de Caja Madrid y posteriormente Bankia planificaron un sistema de tarjetas de funcionamiento opaco para uso del propio presidente, miembros de algunos de sus órganos, Consejo de Administración y Comisión de Control», escribió el Supremo.
El destape del caso causó auténtico sonrojo en una España en plena crisis económica y sujeta a los planes de austeridad del Partido Popular, la formación conservadora donde Rato hizo carrera.
Y dio argumentos al movimiento de los indignados, surgido el 15 de mayo de 2011.
«La ciudadanía demandó en el 15M justicia para los que robaron del dinero público, para los que estafaron a miles de familias, para los que nos endeudaron de por vida», escribió el partido de izquierda radical Podemos en Twitter tras conocerse la decisión del Supremo.
«Aplaudimos que algunos de sus responsables, como Rodrigo Rato, tengan al menos una parte lo que se merecen», añadió el partido liderado por Pablo Iglesias.
Según el procedimiento establecido, el Supremo notificará su decisión a la Audiencia Nacional, encargada de ejecutar la sentencia.
Recibida la notificación, la Audiencia debe convocar rápidamente a Rato a una vista, en la que le comunicará que tiene un plazo, en principio de 10 a 15 días, para elegir cárcel e ingresar en ella voluntariamente.
Si pasado el plazo no lo hiciera, se emitiría una orden de búsqueda en su contra.
Un suicidio y un fiasco financiero de por medio
Tras la condena inicial, Rato había presentado un recurso ante el Supremo, junto con Miguel Blesa, condenado a seis años de prisión. Meses más tarde, en julio de 2017, éste se suicidó en una finca de Andalucía, disparándose en el pecho con una escopeta.
Aparte de Rato y Blesa, otros 63 ex directivos de Caja Madrid habían sido condenados en primera instancia por beneficiarse de las tarjetas opacas.
Algunos de ellos vieron modificadas sus penas este miércoles por el Supremo, que dictó condenas que oscilan entre los cuatro meses de prisión y los 4 años y medio de Rodrigo Rato, según el auto al que tuvo acceso la AFP.
Rodrigo Rato fue ministro de Economía (1996-2004) bajo la presidencia del conservador José María Aznar y luego director gerente del Fondo Monetario Internacional (2004-2007), antes de dirigir Caja Madrid y Bankia, de 2010 a 2012.
Bankia, nacida de la fusión de siete cajas de ahorro, salió a bolsa en julio de 2011, pero la operación fue un auténtico fiasco y terminó arruinando a miles de pequeños accionistas.
Finalmente, el Estado español tuvo que nacionalizar Bankia al año siguiente inyectándole más de 22.000 millones de euros. La operación precipitó un rescate europeo de la banca española, por 41.300 millones de euros, concedido por Bruselas a cambio de exigencias de más austeridad.