Política y Economía

Evo Morales: «El lawfare es arma política de la derecha interna y externa»


El expresidente de Bolivia apoyó a la vicepresidenta Cristina Fernández ante el cierre de la exposición de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, sostuvo este sábado que el lawfare es un «arma política de la derecha interna y externa contra dirigentes que defienden al pueblo» y expresó su «solidaridad» con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del juicio oral en el que se investiga si hubo direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz.

«En Argentina, como pasó en Brasil en 2018 con el hermano @LulaOficial que fue víctima de un juez corrupto, se vive una ofensiva judicial en contra de la hermana @CFKArgentina. El ‘lawfare’ es arma política de la derecha interna y externa contra dirigentes que defienden al pueblo», expresó Morales esta mañana a través de su cuenta de Twitter.

«Reiteramos nuestra solidaridad y apoyo a la hermana @CFKArgentina. Conocemos como dirigentes lo que significa ser perseguidos jurídicamente por derechistas que buscan eliminarnos políticamente. Nuestra defensa siempre será con la conciencia del pueblo, la verdad y la honestidad», agregó el exmandatario boliviano.

Ayer, en la octava jornada de alegatos, uno de los fiscales del juicio oral en el que se investiga si hubo direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, Sergio Mola, dijo que el ‘lawfare’ «como construcción jurídica no existe y no es más que un entramado político que busca desacreditar hechos graves de corrupción»,

Los fiscales Diego Luciani y Mola ya anticiparon que culminarán su exposición la semana que viene con pedidos de condena para los trece imputados de la causa, entre los que se encuentra la vicepresidenta Fernández de Kirchner.

Cuando finalicen los alegatos de las fiscalía, los abogados defensores buscarán utilizar en su favor todo lo ocurrido durante el juicio que lleva más de tres años, en el que testigos de los más variados rechazaron que hubiera habido irregularidades en la asignación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.