Dos de las más importantes organizaciones globales de lucha contra el abuso eclesiástico estimaron en 1.300 el total de agresores sexuales, entre curas y monjas, en Argentina -muy por encima de los 100 casos conocidos públicamente-, al manifestarse hoy en las escalinatas de la Catedral Metropolitana junto a víctimas y asociaciones locales.
«En el año 2017 Télam hizo una lista de 62 curas acusados de abuso, nosotros actualizamos esa cifra que hoy llega a cerca de 100, pero sabemos que esto es una fracción pequeña del número real», dijo a Télam Anne Barret Doyle, de BishopAccountability.org (Rendición de Cuentas para los Obispos).
«Calculamos que podrían llegar a 1.300 los agresores sexuales dentro de la Iglesia argentina y eso se basa en la extrapolación de la relación entre los casos públicamente expuestos y los que la propia Iglesia se vio forzada a divulgar en países como Irlanda, Australia y EEUU», agregó.
Representantes de su organización y de Ending Clergy Abuse (Fin al Abuso del Clero, ECA) acompañaron a sus pares argentinos en esta actividad de visibilización, que incluyó la entrega de folletos y el despliegue de un banner destinado al papa Francisco que los transeúntes podían ir llenando con sus mensajes anti-impunidad.
La actividad sirvió de marco para renovar el pedido al Papa de «tolerancia cero real» con este tipo de delitos y de una pronta visita pastoral a Argentina para «liderar esta lucha» y en coincidencia con el desarrollo de las misas de 10 y 11:30.
El fundador de esta organización, Peter Isely, aseguró a Télam que en el país del papa Francisco «hay muchos sobrevivientes ocultos» abusados por religiosos, «alrededor de 15.000» desde 1950.
«Es que por cada víctima que sale a la luz, hay posiblemente 100 ó 200 más que todavía no han hablado», agregó.
Ambos activistas coincidieron en el papel clave que le cabe al país en la «crisis de los abusos sexuales en la Iglesia».
«Si el Papa no logra implementar la tolerancia cero en Argentina, esto no sucederá en ninguna otra parte. Ha habido muchos avances en el mundo, pero todos los ojos están mirando aquí», enfatizó.
Además de la propia Iglesia -donde, dijeron, «el principal obstaculizador es el papa Francisco»-, ambos sindicaron al estado argentino como el otro gran escollo para que las víctimas se animen a denunciar y haya justicia.
«La razón principal es el concordato firmado entre el Vaticano y el estado argentino en 1966. En los últimos años muchos fiscales y abogados han pedido información concreta sobre casos de violación y los obispos se han negado amparándose en este acuerdo», afirmó Barret.
Sebastián Cuattromo, sobreviviente y fundador de Adultxs por Derechos de la Infancia, aseguró que si el abuso es una «injusticia histórica», la verdadera «novedad histórica» es que «cada vez somos más los que nos hacemos presentes en la escena pública para narrar nuestras historias, lo que está generando un efecto en cadena que comienza a ser una verdadera fuerza social para cambiar esta historia».
«Ante esto, el gran contraste sigue siendo el Estado, que como garante y promotor de los derechos la infancia tiene clamorosas deudas con ella, y otros estamentos que, como la Iglesia,están quedando a contramano de los esfuerzos de las víctimas», dijo.
La madre de una niña que testimonió haber sido fue abusada por un cura y otros dos empleados del jardín maternal al que concurría en la localidad bonaerense de San Pedro, cuando tenía tres años en 2018, afirmó a Télam que «como víctimas, lo que uno siente es soledad, sobre todos los que vivimos en lugares chicos».
«Tenemos que tomar conciencia de que los abusos existen y que somos los adultos los protectores que tenemos que tomar la voz de ellos, porque por ellos por sí solos no pueden hacer nada, si a nosotros mismos nos pisan».