Según las cifras informadas por Anses, la mayoría de los beneficiarios fueron mujeres
Dos de cada diez habitantes cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado para atenuar el impacto de la pandemia de coronavirus, y una amplia mayoría correspondió a mujeres.
De un total de 8.857.063 beneficiarios de este ingreso extraordinario, 4.934.657 fueron mujeres y 3.922.406 varones de entre 18 y 65 años.
Según datos de la Anses, la suma de todos los beneficiarios representan el 19,5% de la población total del país, lo cual demuestra el nivel de informalidad, pues se trata de personas que no tienen un ingreso habitual de manera formal.
«Este escenario es verdaderamente alarmante si consideramos que sus causas no obedecen exclusivamente a la situación extraordinaria de la pandemia mundial, sino que presenta rasgos estructurales», advierte en el informe el organismo previsional.
Destaca que «al analizar la penetración del IFE en las distintas provincias se observa una marcada focalización en aquellas que presentan los indicadores sociales que reflejan una mayor situación de vulnerabilidad».
El estudio sostiene que la relación entre beneficiarios y la población que a nivel promedio se ubica en 31,6%, tiene resultados superiores en provincias del Noreste y Noroeste y más bajos zonas patagónicas y Ciudad de Buenos Aires.
Según la edad, la cobertura entre 18 y 24 años es del 52%, entre 25 y 34 años es del 44%, entre 35 y 44 años del 28%, entre 45-54 es del 21% y en el grupo etario 55-65 años es del 14%.
«La mayoría de la población beneficiaria alcanzada por el IFE no tiene la posibilidad de acceder a un empleo formal como consecuencia de una problemática estructural», agrega el estudio.
Sólo 826.195 beneficiarios/as (9,3%) tuvieron al menos un mes de trabajo en relación de dependencia formal en el período febrero 2019 a enero 2020 y en promedio percibieron una remuneración de $ 13.046 durante cuatro meses.
«Si bien el IFE surgió como una respuesta a la situación económica y productiva coyuntural que implica el aislamiento obligatorio, pone sobre la mesa problemas estructurales. En particular, expone cómo la desigualdad también es un factor amplificador de los efectos negativos de la pandemia. Las elevadas tasas de trabajo informal en el mercado de trabajo y la fragilidad de muchos sectores ante situaciones imprevistas quedan evidenciadas», considera.