Catorce personas, entre ellas abogados, escribanos y un médico, fueron detenidas acusadas de integrar una banda dedicada a cometer millonarias estafas para apoderarse de más de una treintena de casas y campos de personas de la tercera edad o fallecidas sin herederos. Hay un rosarino entre los detenidos.
Los imputados fueron detenidos en operativos realizados por la Policía de Investigaciones (PDI) en varias localidades del sur de Santa Fe, en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires. Los detenidos están acusados de «asociación ilícita, estafa reiterada y falsedad de documento público», entre otros delitos,de acuerdo con la información difundida por el diario La Capital.
Los investigadores estiman que con las maniobras, los implicados se apoderaron de 32 inmuebles urbanos y campos por mil hectáreas, por un valor que bordea los mil millones de pesos. Se estima que la organización tenía base en la ciudad de Venado Tuerto, donde se realizaron la mayoría de los operativos.
También se llevaron a cabo allanamientos en Villa Cañás, Las Rosas, Armstrong, en la Ciudad Autónoma y en la provincia de Buenos Aires.
En Rosario, en tanto, se detuvo a un gestor inmobiliario a quien durante el allanamiento a su domicilio en calle Polonia al 1300 le encontraron 434.350 pesos y 2.030 dólares.
Entre los detenidos se encuentra el abogado Antonio Di Benedetto, de 60 años, que se desempeñó como primer defensor del ex juez de Rufino Carlos Fraticelli, cuando fue acusado por la muerte de su hija adolescente Natalia.
De acuerdo con la investigación realizada, la banda se apropiaba de inmuebles de personas de avanzada edad o fallecidas sin herederos, mediante la constitución de poderes otorgados de forma ilícita a terceras personas, que luego concretaban operaciones de compraventa.
El secretario de Gestión Pública del Ministerio de Justicia, Matías Figueroa Escauriza, indicó que las maniobras eran muchas veces con propiedades de personas que estaban fuera del país o eran de muy avanzada edad.
«Nos tocó intervenir sobre la cesión de un campo de 200 hectáreas mediante un poder de venta en el año 2000 donde figuraba un escribano de la provincia de Buenos Aires que se había jubilado en 1998. Quien aparecía como vendedor había muerto en 1980. Y el dueño de ese terreno de alto valor económico fue localizado viviendo en un rancho por lo que claramente era un prestanombre», contó el funcionario a La Capital.
En cuanto a la acciones para descubrir a la banda, Figueroa Escauriza sostuvo que «cuando los actuantes eran esos escribanos se verificaba si los vendedores estaban vivos o no. Mediante un cruce con el Registro Civil se daban casos en donde el vendedor tenía librado el certificado de defunción. Así fue posible conjurar fraudes y generar prueba para el juicio en perspectiva».
El funcionario reclamó que todos los involucrados queden con prisión preventiva: «Por más que sean profesionales, no dejan de ser delincuentes. Si a un ladrón que roba una bicicleta, moto o una cartera, esgrimiendo un arma, le dictan prisión preventiva, estos profesionales que robaron millones de pesos y que lo hicieron con una birome, también tienen que quedar en prisión preventiva», afirmó.